Mae, a veces uno lee una noticia y no sabe si reír o llorar. Hoy tocó de esas. Resulta que la Contraloría General de la República (CGR) se mandó con un informe que, en resumen, viene a confirmar el secreto peor guardado del país: si usted vive fuera de la GAM, está bastante salado. El documento es un baldazo de agua fría que detalla con pelos y señales el despiche que es acceder a servicios tan básicos como agua potable, internet o hasta que le recojan la basura. Y no, no estamos hablando de un rincón perdido en Talamanca; el estudio se enfocó en lugares como Nicoya, Quepos, Orotina y Aguas Zarcas, pero la misma Contraloría aclara que esta vara es el pan de cada día en casi toda la Costa Rica “de afuera”.
Vamos por partes, porque el desastre es de proporciones épicas. El punto más crítico, según los mismos contralores, es el manejo de las aguas negras. Y aquí es donde uno dice: ¡qué torta! En pleno 2024, en las localidades que analizaron simplemente no existen sistemas de alcantarillado ni plantas de tratamiento. ¡Nada! La gente tiene que recurrir a “soluciones artesanales”, que es la forma bonita de decir que cada quien ve a ver cómo soluciona, con el riesgo sanitario que eso implica. Y si con eso no bastara, el acceso al agua potable tampoco está garantizado. Hay redes de distribución, sí, pero con una cobertura mediocre y sin información clara que asegure que a todo el mundo le llegue agua segura. Es decir, abrimos el tubo y que la suerte nos acompañe.
Diay, si pensaban que ahí terminaba el asunto, agárrense. La Contraloría también encontró un rezago monumental en la red eléctrica. Faltan medidores inteligentes y sobran las falencias en modernización, lo que se traduce en un servicio más caro y menos eficiente para la gente. Y para rematar, un servicio tan fundamental como la recolección de basura tampoco cubre el 100% del territorio. Así como lo leen. Hay sectores donde el camión simplemente no pasa, convirtiendo zonas enteras en botaderos improvisados. Es como si existieran dos países: uno que debate sobre 5G y teletrabajo, y otro que todavía no sabe si esta semana le van a recoger los desechos.
Pero la brecha no es solo de infraestructura, sino también de oportunidades. En salud, el informe señala que, aunque hay centros de atención, las distancias son un chiste de mal gusto. Hay gente que tiene que jalar hasta 4 kilómetros para una consulta básica. Imagínense a una mamá con su güila enfermo o a un adulto mayor teniendo que pegarse esa caminada. Y ni hablemos de la conectividad. Mientras en la GAM nos quejamos porque el video de TikTok se pega, en estas zonas rurales el despliegue de redes de última generación avanza a paso de tortuga. Tener un internet decente para el brete o para que los chiquillos estudien sigue siendo un lujo inalcanzable para muchísimos, gracias a un enredo de trabas burocráticas y administrativas.
Al final, este informe no descubre nada nuevo, pero sí le pone un sello oficial y preocupante a la realidad de miles de ticos. Es la evidencia de que nuestros gobernantes, de todos los colores y durante décadas, se han jalado una torta monumental al abandonar a la Costa Rica rural. La vara no es solo un asunto de comodidad, es un tema de derechos básicos y de justicia social. Ahora la pregunta que queda en el aire es: ¿seguiremos viendo estos informes como un simple papel más? Maes, más allá de quejarnos, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía para presionar un cambio real? ¿O estamos condenados a que la “pura vida” solo aplique si uno vive a 20 minutos de La Sabana?
Vamos por partes, porque el desastre es de proporciones épicas. El punto más crítico, según los mismos contralores, es el manejo de las aguas negras. Y aquí es donde uno dice: ¡qué torta! En pleno 2024, en las localidades que analizaron simplemente no existen sistemas de alcantarillado ni plantas de tratamiento. ¡Nada! La gente tiene que recurrir a “soluciones artesanales”, que es la forma bonita de decir que cada quien ve a ver cómo soluciona, con el riesgo sanitario que eso implica. Y si con eso no bastara, el acceso al agua potable tampoco está garantizado. Hay redes de distribución, sí, pero con una cobertura mediocre y sin información clara que asegure que a todo el mundo le llegue agua segura. Es decir, abrimos el tubo y que la suerte nos acompañe.
Diay, si pensaban que ahí terminaba el asunto, agárrense. La Contraloría también encontró un rezago monumental en la red eléctrica. Faltan medidores inteligentes y sobran las falencias en modernización, lo que se traduce en un servicio más caro y menos eficiente para la gente. Y para rematar, un servicio tan fundamental como la recolección de basura tampoco cubre el 100% del territorio. Así como lo leen. Hay sectores donde el camión simplemente no pasa, convirtiendo zonas enteras en botaderos improvisados. Es como si existieran dos países: uno que debate sobre 5G y teletrabajo, y otro que todavía no sabe si esta semana le van a recoger los desechos.
Pero la brecha no es solo de infraestructura, sino también de oportunidades. En salud, el informe señala que, aunque hay centros de atención, las distancias son un chiste de mal gusto. Hay gente que tiene que jalar hasta 4 kilómetros para una consulta básica. Imagínense a una mamá con su güila enfermo o a un adulto mayor teniendo que pegarse esa caminada. Y ni hablemos de la conectividad. Mientras en la GAM nos quejamos porque el video de TikTok se pega, en estas zonas rurales el despliegue de redes de última generación avanza a paso de tortuga. Tener un internet decente para el brete o para que los chiquillos estudien sigue siendo un lujo inalcanzable para muchísimos, gracias a un enredo de trabas burocráticas y administrativas.
Al final, este informe no descubre nada nuevo, pero sí le pone un sello oficial y preocupante a la realidad de miles de ticos. Es la evidencia de que nuestros gobernantes, de todos los colores y durante décadas, se han jalado una torta monumental al abandonar a la Costa Rica rural. La vara no es solo un asunto de comodidad, es un tema de derechos básicos y de justicia social. Ahora la pregunta que queda en el aire es: ¿seguiremos viendo estos informes como un simple papel más? Maes, más allá de quejarnos, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía para presionar un cambio real? ¿O estamos condenados a que la “pura vida” solo aplique si uno vive a 20 minutos de La Sabana?
