Maes, ¿se acuerdan de ese famoso proyecto de ley 24.616? Sí, ese que sonaba muy bonito en el papel, la “Ley de protección del consumidor financiero”. Bueno, pues parece que la intención era buena, pero la ejecución fue un despiche total. La vara es que el texto original, impulsado por el Poder Ejecutivo, le daba al Ministerio de Economía (MEIC) superpoderes que ni Superman, como la potestad de cerrar bancos y meterse en la información confidencial de los deudores. O sea, un ente político decidiendo sobre la estabilidad de todo el sistema financiero. ¿Qué podría salir mal?
Como era de esperarse, apenas los técnicos vieron eso, pegaron el grito al cielo. Los meros meros de las superintendencias de Seguros, Pensiones y Valores llegaron a la Asamblea Legislativa y básicamente dijeron que el Gobierno se jaló una torta monumental. Presentaron lo que llamaron los “7 pecados capitales” del proyecto, que suenan a película de terror financiero: falta de independencia, conflicto de interés (imagínense al MEIC fiscalizando bancos del propio Estado), duplicidad de funciones y hasta sanciones sacadas de una película, como cerrar operaciones así porque sí. La conclusión de los expertos fue lapidaria: el proyecto es tan malo que es “muy difícil de enmendar”.
Aquí es donde entra en escena la diputada liberacionista Monserrat Ruiz. Viendo que el proyecto original iba directo al traste, se puso el overol y está liderando el brete de cocinar un “texto sustitutivo”. ¿La idea principal de este nuevo plato? Diay, sacarle al MEIC esas potestades que nunca debió tener. Según Ruiz, están trabajando en un modelo más equilibrado y que se ajuste a los estándares de la OCDE, eliminando esa supervisión política que ponía a todo el mundo con los pelos de punta. Básicamente, es un intento de rescate para no tener que botar toda la idea a la basura.
El problema es que la vara sigue en el aire. Mientras los diputados de la subcomisión le siguen dando cabeza al texto nuevo, el proyecto original sigue ahí, latente. Es el típico limbo legislativo: los técnicos dicen que es un chunche irreparable, pero los políticos insisten en que se puede “arreglar” porque la idea de proteger al consumidor es fundamental. Es una novela que todavía no tiene un final claro, y mientras tanto, la estabilidad financiera del país queda en medio de un tire y encoje entre la técnica y la política.
Así que, en resumen, tenemos un proyecto que nació con más problemas que soluciones, unos técnicos que lo quieren ver enterrado y unos diputados que intentan hacerle una cirugía plástica mayor para salvarlo. La pregunta del millón es si un remiendo será suficiente o si, al final, el remedio terminará siendo peor que la enfermedad. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Se puede arreglar un proyecto tan torcido o es mejor mandarlo a guardar y empezar de cero? ¿Le confiarían al gobierno de turno el poder para cerrar el banco donde tienen su plata?
Como era de esperarse, apenas los técnicos vieron eso, pegaron el grito al cielo. Los meros meros de las superintendencias de Seguros, Pensiones y Valores llegaron a la Asamblea Legislativa y básicamente dijeron que el Gobierno se jaló una torta monumental. Presentaron lo que llamaron los “7 pecados capitales” del proyecto, que suenan a película de terror financiero: falta de independencia, conflicto de interés (imagínense al MEIC fiscalizando bancos del propio Estado), duplicidad de funciones y hasta sanciones sacadas de una película, como cerrar operaciones así porque sí. La conclusión de los expertos fue lapidaria: el proyecto es tan malo que es “muy difícil de enmendar”.
Aquí es donde entra en escena la diputada liberacionista Monserrat Ruiz. Viendo que el proyecto original iba directo al traste, se puso el overol y está liderando el brete de cocinar un “texto sustitutivo”. ¿La idea principal de este nuevo plato? Diay, sacarle al MEIC esas potestades que nunca debió tener. Según Ruiz, están trabajando en un modelo más equilibrado y que se ajuste a los estándares de la OCDE, eliminando esa supervisión política que ponía a todo el mundo con los pelos de punta. Básicamente, es un intento de rescate para no tener que botar toda la idea a la basura.
El problema es que la vara sigue en el aire. Mientras los diputados de la subcomisión le siguen dando cabeza al texto nuevo, el proyecto original sigue ahí, latente. Es el típico limbo legislativo: los técnicos dicen que es un chunche irreparable, pero los políticos insisten en que se puede “arreglar” porque la idea de proteger al consumidor es fundamental. Es una novela que todavía no tiene un final claro, y mientras tanto, la estabilidad financiera del país queda en medio de un tire y encoje entre la técnica y la política.
Así que, en resumen, tenemos un proyecto que nació con más problemas que soluciones, unos técnicos que lo quieren ver enterrado y unos diputados que intentan hacerle una cirugía plástica mayor para salvarlo. La pregunta del millón es si un remiendo será suficiente o si, al final, el remedio terminará siendo peor que la enfermedad. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Se puede arreglar un proyecto tan torcido o es mejor mandarlo a guardar y empezar de cero? ¿Le confiarían al gobierno de turno el poder para cerrar el banco donde tienen su plata?
