Bueno, maes, agárrense porque la novela del Parque del Pacífico acaba de soltar un nuevo capítulo que está para comerse las uñas. Cuando ya pensábamos que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) le había puesto el cascabel al gato con el Banco de Costa Rica (BCR), llega el Tribunal Contencioso Administrativo y le mete un frenazo a todo el asunto. ¿Se acuerdan de esa orden para que el BCR soltara $70 millones y arreglara el desastre de la compra de ese inmueble? Pues, por ahora, esa plata se queda guardadita. Es como si en media mejenga el árbitro pitara falta, anulara el gol y mandara a revisar el VAR por tiempo indefinido.
Para ponerlos en contexto, la vara está así: la Sugeval, después de un análisis que duró meses, concluyó que en la compra del Parque del Pacífico, la gente de la administradora de fondos del BCR (BCR SAFI) se había jalado una torta monumental. El regulador básicamente les dijo: "Ustedes hicieron un mal negocio, pusieron en riesgo la plata de los inversionistas y ahora tienen que responder". La solución que plantearon era directa: que el BCR, como casa matriz, sacara de su bolsa más de $70 millones para inyectárselos al fondo de inversión afectado, amortiguar el golpe financiero y pagar deudas. Sonaba duro, pero para muchos era lo justo.
Pero ¡diay!, el BCR no se iba a quedar de brazos cruzados. Como era de esperarse, corrieron a los tribunales a meter una medida cautelar, y parece que les funcionó. El Contencioso les dio la razón, por ahora, y ordenó suspender absolutamente todas las directrices de la Sugeval relacionadas con este caso. Esto significa que la orden de trasladar la millonada, de reestructurar el fondo, y hasta la de convocar a los inversionistas para explicarles el plan de rescate, todo eso quedó en el aire. El BCR celebra y dice que respeta el ordenamiento jurídico, pero la procesión va por dentro. Es un respiro para el banco, sin duda, pero deja a los inversionistas en un limbo que ya nadie aguanta.
Lo que hace que todo este despiche sea más grave es que no estamos hablando de un simple error de cálculo. Detrás de este pleito administrativo hay una investigación penal que camina a paso lento pero seguro. La Fiscalía de Probidad tiene abierta una causa por presunta administración fraudulenta, compra con sobreprecio y hasta destrucción de documentos. Una auditoría interna del mismo BCR, que fue la que destapó todo, calificó la actuación de los funcionarios responsables como "negligente, reprochable y omisiva". O sea, en buen tico: el informe dice que hicieron un pésimo brete, que no cuidaron la plata ajena y que mancharon el nombre de la institución. Por eso la Sugeval actuó con tanta firmeza.
Al final del día, lo que tenemos es un choque de trenes institucional en cámara lenta. Por un lado, un ente regulador (Sugeval) que intenta ejercer su autoridad y proteger a los inversionistas. Por otro, un banco estatal gigante (BCR) que usa todo su arsenal legal para defenderse y, según sus críticos, para evadir una responsabilidad que parece clarísima. La decisión del Tribunal Contencioso no es el final de la historia, es apenas una pausa dramática. La gran pregunta que queda en el aire es si esta suspensión servirá para que se haga un análisis más justo o si solo le dará más tiempo al tiempo, mientras el problema de fondo sigue creciendo y la confianza en el sistema se va al traste. ¿Ustedes qué opinan, maes? ¿Es justicia o una simple maña para evadir responsabilidades?
Para ponerlos en contexto, la vara está así: la Sugeval, después de un análisis que duró meses, concluyó que en la compra del Parque del Pacífico, la gente de la administradora de fondos del BCR (BCR SAFI) se había jalado una torta monumental. El regulador básicamente les dijo: "Ustedes hicieron un mal negocio, pusieron en riesgo la plata de los inversionistas y ahora tienen que responder". La solución que plantearon era directa: que el BCR, como casa matriz, sacara de su bolsa más de $70 millones para inyectárselos al fondo de inversión afectado, amortiguar el golpe financiero y pagar deudas. Sonaba duro, pero para muchos era lo justo.
Pero ¡diay!, el BCR no se iba a quedar de brazos cruzados. Como era de esperarse, corrieron a los tribunales a meter una medida cautelar, y parece que les funcionó. El Contencioso les dio la razón, por ahora, y ordenó suspender absolutamente todas las directrices de la Sugeval relacionadas con este caso. Esto significa que la orden de trasladar la millonada, de reestructurar el fondo, y hasta la de convocar a los inversionistas para explicarles el plan de rescate, todo eso quedó en el aire. El BCR celebra y dice que respeta el ordenamiento jurídico, pero la procesión va por dentro. Es un respiro para el banco, sin duda, pero deja a los inversionistas en un limbo que ya nadie aguanta.
Lo que hace que todo este despiche sea más grave es que no estamos hablando de un simple error de cálculo. Detrás de este pleito administrativo hay una investigación penal que camina a paso lento pero seguro. La Fiscalía de Probidad tiene abierta una causa por presunta administración fraudulenta, compra con sobreprecio y hasta destrucción de documentos. Una auditoría interna del mismo BCR, que fue la que destapó todo, calificó la actuación de los funcionarios responsables como "negligente, reprochable y omisiva". O sea, en buen tico: el informe dice que hicieron un pésimo brete, que no cuidaron la plata ajena y que mancharon el nombre de la institución. Por eso la Sugeval actuó con tanta firmeza.
Al final del día, lo que tenemos es un choque de trenes institucional en cámara lenta. Por un lado, un ente regulador (Sugeval) que intenta ejercer su autoridad y proteger a los inversionistas. Por otro, un banco estatal gigante (BCR) que usa todo su arsenal legal para defenderse y, según sus críticos, para evadir una responsabilidad que parece clarísima. La decisión del Tribunal Contencioso no es el final de la historia, es apenas una pausa dramática. La gran pregunta que queda en el aire es si esta suspensión servirá para que se haga un análisis más justo o si solo le dará más tiempo al tiempo, mientras el problema de fondo sigue creciendo y la confianza en el sistema se va al traste. ¿Ustedes qué opinan, maes? ¿Es justicia o una simple maña para evadir responsabilidades?
