Mae, a ver, a ver... la vara está así. Hay que reconocer que cuando uno oye “clínicas veterinarias públicas y baratas”, el corazón se le hace un queque. Suena tuanis, ¿verdad? Uno se imagina al firulais del barrio recibiendo atención a cachete, sin que al dueño le duela el bolsillo. La diputada Rosaura Méndez se mandó con esta idea en un proyecto de ley (el expediente 25.141, para los más estudiosos) y, en papel, la intención es aplaudible. El problema, como casi siempre en este país, es que del dicho al hecho hay un despiche de trecho. Y el Colegio de Veterinarios ya pegó el grito al cielo, diciendo que esta propuesta, aunque bien intencionada, es una bomba de tiempo con más fallas que la platina.
Vamos al primer punto que hace ruido: la plata. ¿De dónde va a salir? Diay, la idea es meterle un impuesto del 10% a casi cualquier chunche para mascotas que usted se imagine: comida, juguetes, desparasitantes, lo que sea. Aquí es donde la propuesta se empieza a jalar una torta monumental. Se supone que es para ayudar a la gente de bajos recursos, pero les estás encareciendo el saco de concentrado que ya de por sí cuesta un ojo de la cara. Según Silvia Coto, la presidenta del Colegio de Vets, esto es un balazo en el pie. La gente, con la plata justa, va a preferir comprar la comida y dejar la visita al veterinario para “cuando de verdad sea una emergencia”. O sea, adiós medicina preventiva y hola a problemas más graves y caros a largo plazo. En lugar de solucionar, podríamos estar creando una crisis de salud animal y, por rebote, de salud pública.
Ahora, hablemos del brete. El proyecto dice: “Que SENASA se encargue de todo”. ¡Qué bonito suena! Pero maes, SENASA ya está hasta el cuello de trabajo y con el presupuesto por los suelos. La misma gente del Colegio de Veterinarios lo dice claro: a la institución le metieron un recorte de casi el 12% y a duras penas se la juega con sus funciones actuales. Ponerlos a administrar una red de clínicas en cada cantón, sin personal, sin quirófanos, y en sedes que no están ni cerca de las zonas más vulnerables, es recetarlos para el fracaso. Sería un despiche logístico y administrativo de proporciones épicas, y al final, los que pagan el pato son los animales y sus dueños, que seguirían viendo el servicio de lejos.
Y si la parte económica y logística no fuera suficiente, el texto del proyecto tiene unas perlas que demuestran un desconocimiento preocupante del tema. Por ejemplo, hablan de “razas menores”. ¿Alguien me explica qué es eso? Porque según los expertos, ese término no tiene ni pies ni cabeza en la ciencia veterinaria. Además, proponen una atención “multi-especie” como si fuera lo mismo tratar un perro que un conejo o un hámster. Es como si un hospital general quisiera hacer cirugías de corazón con un médico general. Simplemente no funciona así. Y para rematar, califican la medicina veterinaria como “cara”, ignorando que montar un consultorio decente, con los chunches y estándares que pide el Ministerio de Salud, cuesta millones. No es un capricho, es una necesidad para dar un servicio de calidad.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mandamos la idea al traste? No necesariamente. El Colegio de Veterinarios, en lugar de solo quejarse, tiró sobre la mesa propuestas que sí tienen sentido. Hablan de empezar con clínicas piloto para ver qué funciona, usar unidades móviles para llegar a zonas rurales, crear subsidios directos para las familias que de verdad lo necesitan, e incluso que las munis se metan en la jugada. Son ideas más aterrizadas y menos populistas. La intención original es buena, nadie lo niega, pero un proyecto de ley no se puede basar solo en buenas intenciones. Necesita técnica, viabilidad y, sobre todo, escuchar a los que sí saben de la vara.
Vamos al primer punto que hace ruido: la plata. ¿De dónde va a salir? Diay, la idea es meterle un impuesto del 10% a casi cualquier chunche para mascotas que usted se imagine: comida, juguetes, desparasitantes, lo que sea. Aquí es donde la propuesta se empieza a jalar una torta monumental. Se supone que es para ayudar a la gente de bajos recursos, pero les estás encareciendo el saco de concentrado que ya de por sí cuesta un ojo de la cara. Según Silvia Coto, la presidenta del Colegio de Vets, esto es un balazo en el pie. La gente, con la plata justa, va a preferir comprar la comida y dejar la visita al veterinario para “cuando de verdad sea una emergencia”. O sea, adiós medicina preventiva y hola a problemas más graves y caros a largo plazo. En lugar de solucionar, podríamos estar creando una crisis de salud animal y, por rebote, de salud pública.
Ahora, hablemos del brete. El proyecto dice: “Que SENASA se encargue de todo”. ¡Qué bonito suena! Pero maes, SENASA ya está hasta el cuello de trabajo y con el presupuesto por los suelos. La misma gente del Colegio de Veterinarios lo dice claro: a la institución le metieron un recorte de casi el 12% y a duras penas se la juega con sus funciones actuales. Ponerlos a administrar una red de clínicas en cada cantón, sin personal, sin quirófanos, y en sedes que no están ni cerca de las zonas más vulnerables, es recetarlos para el fracaso. Sería un despiche logístico y administrativo de proporciones épicas, y al final, los que pagan el pato son los animales y sus dueños, que seguirían viendo el servicio de lejos.
Y si la parte económica y logística no fuera suficiente, el texto del proyecto tiene unas perlas que demuestran un desconocimiento preocupante del tema. Por ejemplo, hablan de “razas menores”. ¿Alguien me explica qué es eso? Porque según los expertos, ese término no tiene ni pies ni cabeza en la ciencia veterinaria. Además, proponen una atención “multi-especie” como si fuera lo mismo tratar un perro que un conejo o un hámster. Es como si un hospital general quisiera hacer cirugías de corazón con un médico general. Simplemente no funciona así. Y para rematar, califican la medicina veterinaria como “cara”, ignorando que montar un consultorio decente, con los chunches y estándares que pide el Ministerio de Salud, cuesta millones. No es un capricho, es una necesidad para dar un servicio de calidad.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mandamos la idea al traste? No necesariamente. El Colegio de Veterinarios, en lugar de solo quejarse, tiró sobre la mesa propuestas que sí tienen sentido. Hablan de empezar con clínicas piloto para ver qué funciona, usar unidades móviles para llegar a zonas rurales, crear subsidios directos para las familias que de verdad lo necesitan, e incluso que las munis se metan en la jugada. Son ideas más aterrizadas y menos populistas. La intención original es buena, nadie lo niega, pero un proyecto de ley no se puede basar solo en buenas intenciones. Necesita técnica, viabilidad y, sobre todo, escuchar a los que sí saben de la vara.
