Diay, maes. Hablemos claro: a todos los que tenemos un peludito en la casa nos ha pasado. Llega el día en que Firuláis amanece raro, o la gata no quiere comer, y uno empieza a sudar frío pensando en la cuenta del veterinario. Es una realidad. Por eso, cuando uno lee el titular de que una diputada quiere crear clínicas veterinarias estatales y subvencionadas, la primera reacción es pensar: "¡qué buena nota!". Pero como en todo en este país, el diablo, y los impuestos, se esconden en los detalles. La diputada liberacionista Rosaura Méndez presentó un proyecto de ley que suena como música para los oídos de cualquier amante de los animales, pero que trae una letra pequeña que nos va a afectar el bolsillo a todos.
La idea, en principio, suena bastante tuanis. El plan es montar una red de clínicas veterinarias adscritas a SENASA, ubicadas en las cabeceras de cantón, para darle atención asequible a los animales de compañía. El enfoque, según el texto, es para "familias vulnerables y animales de asistencia". ¿El objetivo? Que nadie tenga que ver a su mascota sufrir porque no le alcanza la plata para pagar una consulta o un tratamiento. Además, estas clínicas se encargarían de campañas de castración, educación y hasta de investigar y denunciar el maltrato animal. Hasta ahí, todo suena a un plan casi perfecto, una iniciativa que uno esperaría de un país que se jacta de su conciencia social y ambiental.
Pero bueno, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, como diría mi abuela. Nada en esta vida es gratis, y menos si el Estado está de por medio. ¿Cómo se va a financiar esta maravilla? Pues con un nuevo "impuesto especial" del diez por ciento (10%) sobre el precio de venta de absolutamente TODO lo que compramos para nuestras mascotas. Y cuando digo todo, es todo: la comida, las galletitas de premio, los desparasitantes, el champú anti-pulgas, los cepillos, la arena para el gato, los juguetes y cualquier otro chunche que se les ocurra. O sea, cada vez que usted vaya a chinear a su perro o gato, le estará dando un 10% extra al Estado para este fondo.
Y aquí es donde la vara se pone compleja. Por un lado, la intención es innegablemente buena. Garantizar el bienestar animal es una deuda que tenemos como sociedad. Pero por otro, la solución es un impuesto que no discrimina. Le va a pegar igual al que tiene un presupuesto ajustado para el saco de comida del zaguate que adoptó, que al que le compra suéteres de diseñador a su perro de raza. Es, en la práctica, un impuesto sobre tener mascotas. Además, hay que preguntarse por la logística. ¿De verdad SENASA, que ya tiene un montón de brete encima con salud pública y producción animal, tiene la capacidad de montar y administrar una red nacional de clínicas de primer nivel? En el papel suena lindísimo, pero de la Asamblea Legislativa al consultorio del barrio hay un trecho muy, muy largo.
El proyecto menciona que nos estaríamos equiparando a países como México, Colombia o España. Es un buen punto de referencia, pero también hay que ser realistas sobre nuestras propias capacidades de ejecución. Al final, la discusión se resume en un dilema clásico: ¿el fin justifica los medios? Todos queremos que los animales estén bien, que tengan acceso a salud y que se combata el maltrato. La diputada apela a ese sentimiento, diciendo que "nuestras mascotas llegan a formar parte de nuestras familias". Y tiene toda la razón. Pero, ¿es esta la única o la mejor manera de lograrlo? ¿Un impuesto generalizado que encarece la tenencia responsable de mascotas para todos, con la esperanza de que el sistema funcione como se promete?
Entonces, maes, se las dejo picando. ¿Están de acuerdo con pagar un 10% más en todo lo de sus mascotas con tal de que se creen estas clínicas? ¿O creen que esto es simplemente otro impuestazo con una cara bonita y que hay mejores formas de atacar el problema? ¿Confían en que la plata se va a usar bien? Los leo en los comentarios.
La idea, en principio, suena bastante tuanis. El plan es montar una red de clínicas veterinarias adscritas a SENASA, ubicadas en las cabeceras de cantón, para darle atención asequible a los animales de compañía. El enfoque, según el texto, es para "familias vulnerables y animales de asistencia". ¿El objetivo? Que nadie tenga que ver a su mascota sufrir porque no le alcanza la plata para pagar una consulta o un tratamiento. Además, estas clínicas se encargarían de campañas de castración, educación y hasta de investigar y denunciar el maltrato animal. Hasta ahí, todo suena a un plan casi perfecto, una iniciativa que uno esperaría de un país que se jacta de su conciencia social y ambiental.
Pero bueno, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, como diría mi abuela. Nada en esta vida es gratis, y menos si el Estado está de por medio. ¿Cómo se va a financiar esta maravilla? Pues con un nuevo "impuesto especial" del diez por ciento (10%) sobre el precio de venta de absolutamente TODO lo que compramos para nuestras mascotas. Y cuando digo todo, es todo: la comida, las galletitas de premio, los desparasitantes, el champú anti-pulgas, los cepillos, la arena para el gato, los juguetes y cualquier otro chunche que se les ocurra. O sea, cada vez que usted vaya a chinear a su perro o gato, le estará dando un 10% extra al Estado para este fondo.
Y aquí es donde la vara se pone compleja. Por un lado, la intención es innegablemente buena. Garantizar el bienestar animal es una deuda que tenemos como sociedad. Pero por otro, la solución es un impuesto que no discrimina. Le va a pegar igual al que tiene un presupuesto ajustado para el saco de comida del zaguate que adoptó, que al que le compra suéteres de diseñador a su perro de raza. Es, en la práctica, un impuesto sobre tener mascotas. Además, hay que preguntarse por la logística. ¿De verdad SENASA, que ya tiene un montón de brete encima con salud pública y producción animal, tiene la capacidad de montar y administrar una red nacional de clínicas de primer nivel? En el papel suena lindísimo, pero de la Asamblea Legislativa al consultorio del barrio hay un trecho muy, muy largo.
El proyecto menciona que nos estaríamos equiparando a países como México, Colombia o España. Es un buen punto de referencia, pero también hay que ser realistas sobre nuestras propias capacidades de ejecución. Al final, la discusión se resume en un dilema clásico: ¿el fin justifica los medios? Todos queremos que los animales estén bien, que tengan acceso a salud y que se combata el maltrato. La diputada apela a ese sentimiento, diciendo que "nuestras mascotas llegan a formar parte de nuestras familias". Y tiene toda la razón. Pero, ¿es esta la única o la mejor manera de lograrlo? ¿Un impuesto generalizado que encarece la tenencia responsable de mascotas para todos, con la esperanza de que el sistema funcione como se promete?
Entonces, maes, se las dejo picando. ¿Están de acuerdo con pagar un 10% más en todo lo de sus mascotas con tal de que se creen estas clínicas? ¿O creen que esto es simplemente otro impuestazo con una cara bonita y que hay mejores formas de atacar el problema? ¿Confían en que la plata se va a usar bien? Los leo en los comentarios.
