Gente, paren todo lo que están haciendo porque esta vara está para sentarse a analizarla. Resulta que las Defensorías de Derechos Humanos de Colombia, Panamá y, por supuesto, la nuestra, acaban de soltar una bomba en forma de informe. ¿Se acuerdan del drama de la migración hacia el norte por el Darién? Bueno, ahora el despiche es al revés. El famoso 'sueño americano' para miles de personas, en su mayoría venezolanos, se fue al traste. Ahora están intentando volver a casa, pero el camino de regreso es un infierno multiplicado, una verdadera pesadilla que deja el viaje de ida como un paseo por el parque.
La cosa está así: las políticas migratorias de Estados Unidos se pusieron más rudas y, junto con las restricciones en el Darién, el flujo de gente yendo para el norte se desplomó un 97%. ¡Un 97 por ciento! El resultado es una ola masiva de lo que los técnicos llaman 'migración inversa'. Entre enero y agosto, más de 14,000 personas han tenido que darse la vuelta desde México y EE.UU. El problema es que vuelven sin un cinco, totalmente quebrados y mucho más vulnerables. El informe, que tiene el respaldo de la ONU, es clarísimo: esta gente está sufriendo abusos terribles, y todo está pasando aquí, en nuestro patio trasero.
Aquí es donde la situación se pone realmente cruda. Los testimonios que recogieron son de terror. Estamos hablando de violencia física, extorsiones a cada paso, detenciones que no tienen ni pies ni cabeza y, lo peor, violencia sexual. Y mae, ¡qué sal! Porque el informe dice que más del 86% de los que regresan, sufrieron algún tipo de abuso en la selva del Darién. O sea, el lugar sigue siendo una trampa mortal, vayas para donde vayas. Según Iris Marín, la defensora del pueblo de Colombia, persisten las broncas de siempre: no hay albergues suficientes, la discriminación es pan de cada día y la atención en salud mental y sexual es prácticamente nula.
Y para terminar de jalarse la torta, en medio de todo este caos, florecen los negocios más sucios. La presencia de grupos armados en la zona ha disparado el riesgo de que recluten gente a la fuerza, especialmente a los más jóvenes, y la explotación sexual es rampante. El informe denuncia redes de trata de personas que ahora controlan las rutas de retorno. Ofrecen 'paquetes' de viaje desde Costa Rica hasta Panamá o Colombia por unos $260. Es un negocio redondo y macabro, aprovechándose de la desesperación. Mucha gente se queda varada meses, intentando conseguir esa plata, y mientras esperan, se exponen a todo tipo de explotación y abuso. Es un círculo vicioso infernal.
Nuestro propio defensor adjunto, Juan Carlos Pereira, estuvo en Bogotá presentando esta vara, lo que demuestra que Tiquicia está metida hasta el cuello en este asunto, queramos o no. La crisis no es ajena, está pasando en nuestras fronteras. Los recortes de recursos a las organizaciones humanitarias, impulsados por la administración Trump, solo empeoraron las cosas, dejando a miles sin la ayuda más básica. Diay, la pregunta del millón es dura, pero hay que hacerla: ¿Qué papel estamos jugando nosotros en todo esto? ¿Estamos haciendo lo suficiente como país o somos solo un peaje más en este camino de terror?
La cosa está así: las políticas migratorias de Estados Unidos se pusieron más rudas y, junto con las restricciones en el Darién, el flujo de gente yendo para el norte se desplomó un 97%. ¡Un 97 por ciento! El resultado es una ola masiva de lo que los técnicos llaman 'migración inversa'. Entre enero y agosto, más de 14,000 personas han tenido que darse la vuelta desde México y EE.UU. El problema es que vuelven sin un cinco, totalmente quebrados y mucho más vulnerables. El informe, que tiene el respaldo de la ONU, es clarísimo: esta gente está sufriendo abusos terribles, y todo está pasando aquí, en nuestro patio trasero.
Aquí es donde la situación se pone realmente cruda. Los testimonios que recogieron son de terror. Estamos hablando de violencia física, extorsiones a cada paso, detenciones que no tienen ni pies ni cabeza y, lo peor, violencia sexual. Y mae, ¡qué sal! Porque el informe dice que más del 86% de los que regresan, sufrieron algún tipo de abuso en la selva del Darién. O sea, el lugar sigue siendo una trampa mortal, vayas para donde vayas. Según Iris Marín, la defensora del pueblo de Colombia, persisten las broncas de siempre: no hay albergues suficientes, la discriminación es pan de cada día y la atención en salud mental y sexual es prácticamente nula.
Y para terminar de jalarse la torta, en medio de todo este caos, florecen los negocios más sucios. La presencia de grupos armados en la zona ha disparado el riesgo de que recluten gente a la fuerza, especialmente a los más jóvenes, y la explotación sexual es rampante. El informe denuncia redes de trata de personas que ahora controlan las rutas de retorno. Ofrecen 'paquetes' de viaje desde Costa Rica hasta Panamá o Colombia por unos $260. Es un negocio redondo y macabro, aprovechándose de la desesperación. Mucha gente se queda varada meses, intentando conseguir esa plata, y mientras esperan, se exponen a todo tipo de explotación y abuso. Es un círculo vicioso infernal.
Nuestro propio defensor adjunto, Juan Carlos Pereira, estuvo en Bogotá presentando esta vara, lo que demuestra que Tiquicia está metida hasta el cuello en este asunto, queramos o no. La crisis no es ajena, está pasando en nuestras fronteras. Los recortes de recursos a las organizaciones humanitarias, impulsados por la administración Trump, solo empeoraron las cosas, dejando a miles sin la ayuda más básica. Diay, la pregunta del millón es dura, pero hay que hacerla: ¿Qué papel estamos jugando nosotros en todo esto? ¿Estamos haciendo lo suficiente como país o somos solo un peaje más en este camino de terror?
