Maes, uno a veces lee las noticias y de verdad que no sabe si reír, llorar o simplemente apagar la compu e irse a sembrar chayotes. Acabo de leer que a Edgar Mora Durán, el famosísimo "Zar de la Lotería", y a todo su clan familiar los acaban de dejar libres. Sí, así como lo leen. Después del mega operativo del OIJ en julio, con 24 allanamientos y un despliegue que parecía de película, el Tribunal Penal de San Carlos simplemente dijo: "no, para la casa con medidas alternas". ¡Qué torta! Apenas mes y medio de prisión preventiva duró la vara. Siento que vi series de Netflix más largas y con finales más coherentes que este.
Recordemos un poco el contexto, porque aquí es donde la cosa se pone más densa. El "caso Tómbola", como lo bautizaron, no era cualquier cosa. Estamos hablando de una presunta red de lavado de dinero que, según la Fiscalía, usaba una fachada de más de 300 puestos de lotería para legitimar plata que supuestamente venía del narcotráfico. El brete del OIJ fue titánico: meses de investigación para determinar que este grupo, liderado por Mora, había amasado una fortuna de más de 1.000 millones de colones solo entre 2021 y 2022. Mil millones, maes. Eso no es la plata del vuelto del pan. Y ahora, después de todo ese despiche, el supuesto cabecilla y su gente están tranquilos en sus casas. Diay, uno se pregunta si tanto esfuerzo del poder judicial se fue al traste.
El *modus operandi* que describen las autoridades era de un nivel de detalle impresionante. No era simplemente meter plata sucia en una caja registradora. La investigación apunta a que usaban una licorera, una librería y, por supuesto, los chances y la lotería para hacer que el dinero pareciera legal. La Fiscalía incluso mencionó que tenían colaboradores dentro del sector público para agilizar trámites y mover las ganancias sin levantar sospechas. O sea, una estructura bien montada, que operaba en Guatuso, la Zona Norte, Guanacaste, Cartago y Alajuela. Era una red que, en apariencia, tenía sus tentáculos bien metidos en el sistema. Pero parece que nada de eso fue suficiente para sostener una prisión preventiva.
Y aquí viene la cereza del pastel, la parte que de verdad saca de quicio a cualquiera. Cuando uno busca la razón de fondo para esta decisión, se topa con el clásico muro de la burocracia judicial: "por ahora se desconocen las razones". ¡Qué sal! ¿Cómo es posible que después de un caso tan sonado, con acusaciones tan graves y cifras tan escandalosas, la justificación para liberar a los principales sospechosos sea, básicamente, un secreto? Esto no solo genera una sensación de impunidad galopante, sino que además le manda un mensaje terrible al crimen organizado: "tranquilos, hagan lo que quieran, que el sistema es tan lento y tan enredado que en mes y medio resuelven". La prisión preventiva se supone que es para evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso, ¿acaso esos riesgos desaparecieron mágicamente?
Al final, esta vara nos deja un sabor amarguísimo. Ver cómo casos de este calibre se desinflan de esta manera es frustrante y desmoralizante. Nos pasamos quejando de la inseguridad y del avance del narco, pero cuando las autoridades finalmente dan un golpe que parece contundente, algo en el camino falla y volvemos al punto de partida. Por eso les pregunto a ustedes, la gente pensante de este foro: ¿estamos ante un simple tropezón judicial o esto es un síntoma de un sistema que ya no da para más? ¿Nos estamos acostumbrando a que los peces gordos siempre encuentren la forma de salirse con la suya? ¿O todavía nos queda fuerza para exigir que las cosas se hagan bien? Los leo.
Recordemos un poco el contexto, porque aquí es donde la cosa se pone más densa. El "caso Tómbola", como lo bautizaron, no era cualquier cosa. Estamos hablando de una presunta red de lavado de dinero que, según la Fiscalía, usaba una fachada de más de 300 puestos de lotería para legitimar plata que supuestamente venía del narcotráfico. El brete del OIJ fue titánico: meses de investigación para determinar que este grupo, liderado por Mora, había amasado una fortuna de más de 1.000 millones de colones solo entre 2021 y 2022. Mil millones, maes. Eso no es la plata del vuelto del pan. Y ahora, después de todo ese despiche, el supuesto cabecilla y su gente están tranquilos en sus casas. Diay, uno se pregunta si tanto esfuerzo del poder judicial se fue al traste.
El *modus operandi* que describen las autoridades era de un nivel de detalle impresionante. No era simplemente meter plata sucia en una caja registradora. La investigación apunta a que usaban una licorera, una librería y, por supuesto, los chances y la lotería para hacer que el dinero pareciera legal. La Fiscalía incluso mencionó que tenían colaboradores dentro del sector público para agilizar trámites y mover las ganancias sin levantar sospechas. O sea, una estructura bien montada, que operaba en Guatuso, la Zona Norte, Guanacaste, Cartago y Alajuela. Era una red que, en apariencia, tenía sus tentáculos bien metidos en el sistema. Pero parece que nada de eso fue suficiente para sostener una prisión preventiva.
Y aquí viene la cereza del pastel, la parte que de verdad saca de quicio a cualquiera. Cuando uno busca la razón de fondo para esta decisión, se topa con el clásico muro de la burocracia judicial: "por ahora se desconocen las razones". ¡Qué sal! ¿Cómo es posible que después de un caso tan sonado, con acusaciones tan graves y cifras tan escandalosas, la justificación para liberar a los principales sospechosos sea, básicamente, un secreto? Esto no solo genera una sensación de impunidad galopante, sino que además le manda un mensaje terrible al crimen organizado: "tranquilos, hagan lo que quieran, que el sistema es tan lento y tan enredado que en mes y medio resuelven". La prisión preventiva se supone que es para evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso, ¿acaso esos riesgos desaparecieron mágicamente?
Al final, esta vara nos deja un sabor amarguísimo. Ver cómo casos de este calibre se desinflan de esta manera es frustrante y desmoralizante. Nos pasamos quejando de la inseguridad y del avance del narco, pero cuando las autoridades finalmente dan un golpe que parece contundente, algo en el camino falla y volvemos al punto de partida. Por eso les pregunto a ustedes, la gente pensante de este foro: ¿estamos ante un simple tropezón judicial o esto es un síntoma de un sistema que ya no da para más? ¿Nos estamos acostumbrando a que los peces gordos siempre encuentren la forma de salirse con la suya? ¿O todavía nos queda fuerza para exigir que las cosas se hagan bien? Los leo.
