Maes, últimamente la vara de la seguridad en el país está que arde y, como siempre, cuando la cosa se pone fea, empiezan a salir las “soluciones mágicas”. La última que anda sonando con fuerza en los pasillos de la Asamblea y en boca de más de un político es la del “estado de excepción”. La idea de un toque de queda y suspender garantías constitucionales para aplacar al narco suena muy pro, ¿no? Como sacado de una película de acción. Pero diay, antes de emocionarnos con la mano dura, mejor sentémonos a pensar si esta jugada no terminaría siendo un autogolazo monumental.
La propuesta, impulsada por figuras como el presi Chaves y Fabricio Alvarado, se vende como la receta que funcionó en otros lados, señalando a El Salvador o Ecuador. El discurso es simple y pega fuerte: si el país está fuera de control, hay que tomar medidas extremas. El problema es que Costa Rica no es ni El Salvador ni Ecuador. Aquí es donde los que sí son carga en la materia levantan la mano y dicen: “un momentito, no tan rápido”. Los expertos advierten que esta idea responde más a un cálculo político para ganar puntos de cara a las elecciones que a una estrategia viable. Es una vara que suena tuanis en un debate, pero que en la práctica podría significar jalarse una torta histórica.
Vamos a los datos duros, al brete de verdad. Un estado de excepción por 30 días, como mínimo, requiere una cantidad de policías en la calle que, sencillamente, no tenemos. Walter Navarro, exdirector de la Fuerza Pública, lo puso clarísimo: para medio controlar unas zonas, tendríamos que descuidar otras, dejando la puerta abierta para que el crimen se mueva de barrio. Sería como intentar tapar diez huecos con solo dos dedos. Además, ¿de dónde saldría la plata para sostener un operativo así? Sería un despiche logístico de proporciones bíblicas y, como dice el especialista Mario Arias, los grupos criminales simplemente se reorganizarían en otro lado. O sea, patear la bola para adelante, pero sin solucionar nada de fondo.
Pero el enredo más grande ni siquiera es la plata o la falta de personal. El verdadero meollo del asunto es lo que significa suspender garantías constitucionales. Rafael Ángel Guillén, que fue el mandamás del OIJ, lo pinta de cuerpo entero: es abrir una caja de Pandora. El riesgo de detenciones arbitrarias, abusos de poder y errores judiciales se dispara por los cielos. En el afán de agarrar a los malos, se podría terminar atropellando a un montón de gente inocente. En lugar de fortalecer el sistema de justicia, una medida así podría hacer que todo el chunche se vaya al traste, debilitando el control y la confianza en las autoridades. Es un precio altísimo que no garantiza ningún resultado real.
Al final del día, la cosa está así: por un lado, tenemos el miedo legítimo de la gente y la promesa de una solución rápida y contundente. Por otro, tenemos a todos los expertos advirtiendo que esta “solución” es inviable, carísima y peligrosísima para nuestra democracia. No se puede negar que el país necesita acciones firmes, pero quizás la respuesta no está en copiar y pegar modelos de afuera, sino en fortalecer de verdad a la policía, mejorar la inteligencia y aprobar leyes que ataquen el músculo financiero del narco. Diay, maes, ¿ustedes qué piensan? ¿Nos la jugamos con una medida tan extrema o es puro populismo para pescar votos y al final la torta nos sale carísima? ¿Hay otra salida a este enredo?
La propuesta, impulsada por figuras como el presi Chaves y Fabricio Alvarado, se vende como la receta que funcionó en otros lados, señalando a El Salvador o Ecuador. El discurso es simple y pega fuerte: si el país está fuera de control, hay que tomar medidas extremas. El problema es que Costa Rica no es ni El Salvador ni Ecuador. Aquí es donde los que sí son carga en la materia levantan la mano y dicen: “un momentito, no tan rápido”. Los expertos advierten que esta idea responde más a un cálculo político para ganar puntos de cara a las elecciones que a una estrategia viable. Es una vara que suena tuanis en un debate, pero que en la práctica podría significar jalarse una torta histórica.
Vamos a los datos duros, al brete de verdad. Un estado de excepción por 30 días, como mínimo, requiere una cantidad de policías en la calle que, sencillamente, no tenemos. Walter Navarro, exdirector de la Fuerza Pública, lo puso clarísimo: para medio controlar unas zonas, tendríamos que descuidar otras, dejando la puerta abierta para que el crimen se mueva de barrio. Sería como intentar tapar diez huecos con solo dos dedos. Además, ¿de dónde saldría la plata para sostener un operativo así? Sería un despiche logístico de proporciones bíblicas y, como dice el especialista Mario Arias, los grupos criminales simplemente se reorganizarían en otro lado. O sea, patear la bola para adelante, pero sin solucionar nada de fondo.
Pero el enredo más grande ni siquiera es la plata o la falta de personal. El verdadero meollo del asunto es lo que significa suspender garantías constitucionales. Rafael Ángel Guillén, que fue el mandamás del OIJ, lo pinta de cuerpo entero: es abrir una caja de Pandora. El riesgo de detenciones arbitrarias, abusos de poder y errores judiciales se dispara por los cielos. En el afán de agarrar a los malos, se podría terminar atropellando a un montón de gente inocente. En lugar de fortalecer el sistema de justicia, una medida así podría hacer que todo el chunche se vaya al traste, debilitando el control y la confianza en las autoridades. Es un precio altísimo que no garantiza ningún resultado real.
Al final del día, la cosa está así: por un lado, tenemos el miedo legítimo de la gente y la promesa de una solución rápida y contundente. Por otro, tenemos a todos los expertos advirtiendo que esta “solución” es inviable, carísima y peligrosísima para nuestra democracia. No se puede negar que el país necesita acciones firmes, pero quizás la respuesta no está en copiar y pegar modelos de afuera, sino en fortalecer de verdad a la policía, mejorar la inteligencia y aprobar leyes que ataquen el músculo financiero del narco. Diay, maes, ¿ustedes qué piensan? ¿Nos la jugamos con una medida tan extrema o es puro populismo para pescar votos y al final la torta nos sale carísima? ¿Hay otra salida a este enredo?
