Diay maes, cuando uno cree que la novela política tica no se puede poner más intensa, llega Fabricio Alvarado y nos receta un plato fuerte que a más de uno se le puede atravesar. Resulta que el candidato de Nueva República, viendo el despiche monumental que tenemos con la inseguridad, soltó la bomba: valoraría un “estado de excepción” en las zonas más calientes del país. Así, sin anestesia. La vara es que mientras algunos podrían aplaudir la mano dura, a otros se nos para el pelo pensando en lo que eso significa de verdad. Porque una cosa es querer orden y otra muy distinta es empezar a jugar con los derechos que tanto nos ha costado mantener en este país.
El mae no se anduvo por las ramas y le tiró durísimo al gobierno actual, básicamente diciéndoles que no tienen “agallas” y que su gestión ha sido pura “tibieza”. Y claro, usó el argumento que siempre cala: la desconexión de los que mandan. La frase de “es muy fácil decirlo si se vive en un residencial de lujo con seguridad 24/7” es un gancho directo al hígado del votante que está hasta la coronilla de vivir con miedo. Políticamente, es una jugada astuta, de manual. Apela al hartazgo y se presenta como el único con el valor de hacer el brete sucio. El problema, como siempre, está en la letra pequeña de esas soluciones “mágicas”.
Ahora, paremos el carro un toque y hablemos claro: ¿qué es esta vara de un “estado de excepción”? No es un chunche para tomarse a la ligera. Es, en tico, darle “carta blanca” al Gobierno para que ponga en pausa derechos fundamentales. Olvídese de su libertad de andar por donde le dé la gana a cualquier hora (tránsito), o de ir a una manifestación que no le cuadre al poder de turno (reunión). Es entregarle al Estado un poder extraordinario, casi absoluto, en ciertas zonas. Es la herramienta que se usa en guerras o desastres naturales, y la idea de aplicarla para combatir el crimen organizado nos pone en un terreno súper resbaladizo. Es, básicamente, aceptar que la democracia y sus garantías “normales” ya no dan la talla, lo cual es una admisión de fracaso gigante.
Y seamos honestos, no hay que ser un genio para ver el fantasma de Nayib Bukele flotando sobre esta propuesta. La estrategia de “mano dura a cualquier costo” ha tenido resultados innegables en El Salvador en cuanto a la reducción de homicidios, pero ¿a qué precio? Detenciones masivas sin debido proceso, denuncias de violaciones a derechos humanos y el desmantelamiento de la separación de poderes. El modelo es seductor para un pueblo desesperado, pero es como tomar un medicamento potentísimo que te cura una enfermedad, pero te destroza el hígado en el proceso. La pregunta del millón es si Costa Rica, con su tradición pacifista y de respeto a los derechos, está dispuesta a coquetear con esa receta autoritaria.
Al final, este es el dilema que nos tira Fabricio sobre la mesa. Por un lado, el argumento de que la situación es tan grave que requiere medidas extremas. Y sí, el despiche de la inseguridad es real y nos afecta a todos. Pero por otro lado, está el riesgo de abrir una puerta que después es muy difícil de cerrar. Empezar a limitar libertades es un camino de ida que rara vez tiene una vuelta fácil. La historia latinoamericana está llena de ejemplos que terminaron en torta. Entonces, la propuesta que se vende como una muestra de “agallas” podría terminar siendo el inicio de un problema mucho más profundo que el que pretende solucionar.
Maes, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se compra la idea de un 'estado de excepción' a lo Bukele para arreglar el despiche, o es jalarse una torta monumental que nos podría costar carísimo a largo plazo? ¿Vale la pena el riesgo? ¡Los leo!
El mae no se anduvo por las ramas y le tiró durísimo al gobierno actual, básicamente diciéndoles que no tienen “agallas” y que su gestión ha sido pura “tibieza”. Y claro, usó el argumento que siempre cala: la desconexión de los que mandan. La frase de “es muy fácil decirlo si se vive en un residencial de lujo con seguridad 24/7” es un gancho directo al hígado del votante que está hasta la coronilla de vivir con miedo. Políticamente, es una jugada astuta, de manual. Apela al hartazgo y se presenta como el único con el valor de hacer el brete sucio. El problema, como siempre, está en la letra pequeña de esas soluciones “mágicas”.
Ahora, paremos el carro un toque y hablemos claro: ¿qué es esta vara de un “estado de excepción”? No es un chunche para tomarse a la ligera. Es, en tico, darle “carta blanca” al Gobierno para que ponga en pausa derechos fundamentales. Olvídese de su libertad de andar por donde le dé la gana a cualquier hora (tránsito), o de ir a una manifestación que no le cuadre al poder de turno (reunión). Es entregarle al Estado un poder extraordinario, casi absoluto, en ciertas zonas. Es la herramienta que se usa en guerras o desastres naturales, y la idea de aplicarla para combatir el crimen organizado nos pone en un terreno súper resbaladizo. Es, básicamente, aceptar que la democracia y sus garantías “normales” ya no dan la talla, lo cual es una admisión de fracaso gigante.
Y seamos honestos, no hay que ser un genio para ver el fantasma de Nayib Bukele flotando sobre esta propuesta. La estrategia de “mano dura a cualquier costo” ha tenido resultados innegables en El Salvador en cuanto a la reducción de homicidios, pero ¿a qué precio? Detenciones masivas sin debido proceso, denuncias de violaciones a derechos humanos y el desmantelamiento de la separación de poderes. El modelo es seductor para un pueblo desesperado, pero es como tomar un medicamento potentísimo que te cura una enfermedad, pero te destroza el hígado en el proceso. La pregunta del millón es si Costa Rica, con su tradición pacifista y de respeto a los derechos, está dispuesta a coquetear con esa receta autoritaria.
Al final, este es el dilema que nos tira Fabricio sobre la mesa. Por un lado, el argumento de que la situación es tan grave que requiere medidas extremas. Y sí, el despiche de la inseguridad es real y nos afecta a todos. Pero por otro lado, está el riesgo de abrir una puerta que después es muy difícil de cerrar. Empezar a limitar libertades es un camino de ida que rara vez tiene una vuelta fácil. La historia latinoamericana está llena de ejemplos que terminaron en torta. Entonces, la propuesta que se vende como una muestra de “agallas” podría terminar siendo el inicio de un problema mucho más profundo que el que pretende solucionar.
Maes, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se compra la idea de un 'estado de excepción' a lo Bukele para arreglar el despiche, o es jalarse una torta monumental que nos podría costar carísimo a largo plazo? ¿Vale la pena el riesgo? ¡Los leo!
