Mae, hay pleitos que uno ve venir y otros que simplemente estallan. La bronca entre el Banco de Costa Rica (BCR) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) es de las segundas. Resulta que la vara se puso tan, pero tan seria, que el BCR acaba de anunciar que se fueron a los tribunales. Así como lo leen: un banco del Estado demandando al ente que se supone que lo supervisa. Esto no es cualquier cosa, es un zafarrancho de alto calibre en el sistema financiero nacional.
Para los que andan un poco perdidos, les hago el resumen: el meollo del asunto es el Parque Empresarial del Pacífico. La Sugeval, con el respaldo del Conassif, le dijo al BCR: "Tienen que sacar ese activo de su Fondo Inmobiliario No Diversificado". ¿Por qué? Diay, normativas técnicas y reglas del juego financiero. Pero al BCR esa orden no le hizo la más mínima gracia. En vez de acatar y callar, la directiva del banco se puso las pilas, llamó a los abogados y ahora la pelota está en la cancha de los Tribunales de Justicia. ¡Qué despiche institucional!
Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de cualquier vuelto. Según el BCR, si ellos tuvieran que obedecer la orden de la Sugeval, tendrían que trasladar más de $70 millones de fondos públicos a una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). Setenta millones de dólares, mae. Con esa cantidad de plata, uno entiende por qué el banco está dispuesto a dar la pelea hasta el final. No es como jugar de pulpería; es una decisión con implicaciones financieras enormes y, según ellos, un riesgo que no están dispuestos a correr sin que un juez lo revise con lupa.
Lo más curioso es el lenguaje que usa el BCR en su comunicado oficial. Hablan de "profundo respeto por el orden institucional" y de usar "mecanismos jurídicos disponibles en un Estado de Derecho". Traducido del corporativo al tico: "Respetamos las reglas, pero creemos que ustedes se equivocaron feo y ahora que un juez decida quién tiene la razón". Es una forma muy diplomática de decir que la directriz de la Sugeval simplemente no les cuadra y que, desde su perspectiva, la legalidad de esa orden es, por lo menos, cuestionable. Están poniendo en duda la interpretación de la propia superintendencia, lo cual es una movida bastante audaz.
Al final del día, esta novela nos deja con un montón de preguntas en el aire. ¿Está el BCR protegiendo legítimamente los fondos públicos de una decisión apresurada o está simplemente resistiéndose a una regulación que no le conviene? ¿Está la Sugeval aplicando las reglas a rajatabla para mantener el orden o se extralimitó en sus funciones? Este pleito no es solo un tema para economistas y abogados; es una vara que nos toca a todos, porque en el fondo se trata de cómo se maneja y se supervisa la plata que, de una u otra forma, es de todos los costarricenses. La decisión de los tribunales va a sentar un precedente importante sobre el poder de los reguladores frente a los gigantes financieros del Estado.
Maes, ahora sí, abro el foro: ¿Quién creen que tiene la razón en este enredo? ¿El BCR defendiendo (según ellos) la plata de todos o la Sugeval poniendo orden en el brete? ¿O será que al final, como casi siempre, el pato lo pagamos nosotros?
Para los que andan un poco perdidos, les hago el resumen: el meollo del asunto es el Parque Empresarial del Pacífico. La Sugeval, con el respaldo del Conassif, le dijo al BCR: "Tienen que sacar ese activo de su Fondo Inmobiliario No Diversificado". ¿Por qué? Diay, normativas técnicas y reglas del juego financiero. Pero al BCR esa orden no le hizo la más mínima gracia. En vez de acatar y callar, la directiva del banco se puso las pilas, llamó a los abogados y ahora la pelota está en la cancha de los Tribunales de Justicia. ¡Qué despiche institucional!
Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de cualquier vuelto. Según el BCR, si ellos tuvieran que obedecer la orden de la Sugeval, tendrían que trasladar más de $70 millones de fondos públicos a una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). Setenta millones de dólares, mae. Con esa cantidad de plata, uno entiende por qué el banco está dispuesto a dar la pelea hasta el final. No es como jugar de pulpería; es una decisión con implicaciones financieras enormes y, según ellos, un riesgo que no están dispuestos a correr sin que un juez lo revise con lupa.
Lo más curioso es el lenguaje que usa el BCR en su comunicado oficial. Hablan de "profundo respeto por el orden institucional" y de usar "mecanismos jurídicos disponibles en un Estado de Derecho". Traducido del corporativo al tico: "Respetamos las reglas, pero creemos que ustedes se equivocaron feo y ahora que un juez decida quién tiene la razón". Es una forma muy diplomática de decir que la directriz de la Sugeval simplemente no les cuadra y que, desde su perspectiva, la legalidad de esa orden es, por lo menos, cuestionable. Están poniendo en duda la interpretación de la propia superintendencia, lo cual es una movida bastante audaz.
Al final del día, esta novela nos deja con un montón de preguntas en el aire. ¿Está el BCR protegiendo legítimamente los fondos públicos de una decisión apresurada o está simplemente resistiéndose a una regulación que no le conviene? ¿Está la Sugeval aplicando las reglas a rajatabla para mantener el orden o se extralimitó en sus funciones? Este pleito no es solo un tema para economistas y abogados; es una vara que nos toca a todos, porque en el fondo se trata de cómo se maneja y se supervisa la plata que, de una u otra forma, es de todos los costarricenses. La decisión de los tribunales va a sentar un precedente importante sobre el poder de los reguladores frente a los gigantes financieros del Estado.
Maes, ahora sí, abro el foro: ¿Quién creen que tiene la razón en este enredo? ¿El BCR defendiendo (según ellos) la plata de todos o la Sugeval poniendo orden en el brete? ¿O será que al final, como casi siempre, el pato lo pagamos nosotros?
