Maes, ¿se acuerdan cuando hace unos años la vara de las criptomonedas sonaba a futuro, a plata fácil y a la posibilidad de ser más carga que el propio Elon Musk? Diay, parece que mientras unos soñábamos con un Bitcoin que nos sacara de trabajar, otros, los de siempre, vieron el portillo abierto para hacer de las suyas. Y ahora, ¡pum! Nos explota la bomba en la cara con datos que asustan: las denuncias por delitos relacionados con criptoactivos se dispararon un 40% en lo que va del año, pasando de 37 en todo el 2024 a 52 en apenas ocho meses del 2025. Un verdadero despiche, para no ponerle otro nombre.
Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y uno entiende la magnitud del problema. Uno pensaría que el OIJ tiene todo el chunche tecnológico para rastrear a estos maes, pero la triste realidad es otra. El propio subdirector del Organismo, Michael Soto, lo dijo sin pelos en la lengua: están pidiendo cacao. Literalmente, tuvo que hablarle a la DEA para ver si les prestan la herramienta para seguirle el rastro a las monedas virtuales. O sea, estamos dependiendo de que los gringos nos echen un cable en casos específicos porque no tenemos con qué. ¡Qué sal! Resulta que el equipito para hacer ese brete de rastreo cuesta unos $160 mil dólares, y diay, parece que esa plata simplemente no aparece por ningún lado. Mientras tanto, los malos de la película operan con una ventaja tecnológica abismal.
Pero la torta no es solo de falta de chunches y presupuesto. El verdadero elefante en la sala es que nuestra legislación parece sacada de la época en que se usaban módems de teléfono para conectarse a internet. Mientras los criminales andan en naves espaciales de blockchain, nuestros diputados parece que todavía están tratando de inventar la rueda. La fiscal coordinadora de Cibercrimen, Melissa Quirós, y el propio jefe de esa sección en el OIJ, Erick Lewis, lo tienen clarísimo: sin leyes adaptadas a la realidad actual, este brete es como tratar de tapar el sol con un dedo. Todo el plan de seguridad digital se nos puede ir al traste si la Asamblea Legislativa no se pone las pilas y entiende que el mundo cambió y el dinero ya no solo vive en los bancos.
Y claro, ¿quiénes son los que están de fiesta con todo este desorden? Adivinaron: el crimen organizado. Para ellos, las criptomonedas son el paraíso fiscal 2.0. Un hueco negro perfecto para "limpiar" la plata sucia del narco y otros delitos sin que nadie se dé cuenta. El fiscal adjunto contra la legitimación de capitales, Wagner Molina, que de esta vara sabe un montón, fue tajante: ocupan que se apruebe YA el proyecto de ley que regula los proveedores de activos virtuales. Mientras esa ley siga durmiendo el sueño de los justos en Cuesta de Moras, es como tener las puertas de la casa abiertas de par en par, con un rótulo de neón que dice "Lave su dinero aquí". Es una invitación directa a que sigan haciendo de las suyas.
Entonces, maes, para resumir el tamal: tenemos a los criminales con tecnología de punta y métodos cada vez más sofisticados; a nuestra policía pidiendo ayuda internacional porque no tiene las herramientas para combatirlos; y a nuestros políticos en un letargo legislativo que raya en lo preocupante. Es la tormenta perfecta para que las víctimas sigan cayendo y la plata sucia siga fluyendo por estas tuberías digitales sin control. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo? ¿Será que estamos condenados a ir siempre un paso por detrás de la delincuencia o en algún momento vamos a reaccionar antes de que el problema sea incontrolable?
Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y uno entiende la magnitud del problema. Uno pensaría que el OIJ tiene todo el chunche tecnológico para rastrear a estos maes, pero la triste realidad es otra. El propio subdirector del Organismo, Michael Soto, lo dijo sin pelos en la lengua: están pidiendo cacao. Literalmente, tuvo que hablarle a la DEA para ver si les prestan la herramienta para seguirle el rastro a las monedas virtuales. O sea, estamos dependiendo de que los gringos nos echen un cable en casos específicos porque no tenemos con qué. ¡Qué sal! Resulta que el equipito para hacer ese brete de rastreo cuesta unos $160 mil dólares, y diay, parece que esa plata simplemente no aparece por ningún lado. Mientras tanto, los malos de la película operan con una ventaja tecnológica abismal.
Pero la torta no es solo de falta de chunches y presupuesto. El verdadero elefante en la sala es que nuestra legislación parece sacada de la época en que se usaban módems de teléfono para conectarse a internet. Mientras los criminales andan en naves espaciales de blockchain, nuestros diputados parece que todavía están tratando de inventar la rueda. La fiscal coordinadora de Cibercrimen, Melissa Quirós, y el propio jefe de esa sección en el OIJ, Erick Lewis, lo tienen clarísimo: sin leyes adaptadas a la realidad actual, este brete es como tratar de tapar el sol con un dedo. Todo el plan de seguridad digital se nos puede ir al traste si la Asamblea Legislativa no se pone las pilas y entiende que el mundo cambió y el dinero ya no solo vive en los bancos.
Y claro, ¿quiénes son los que están de fiesta con todo este desorden? Adivinaron: el crimen organizado. Para ellos, las criptomonedas son el paraíso fiscal 2.0. Un hueco negro perfecto para "limpiar" la plata sucia del narco y otros delitos sin que nadie se dé cuenta. El fiscal adjunto contra la legitimación de capitales, Wagner Molina, que de esta vara sabe un montón, fue tajante: ocupan que se apruebe YA el proyecto de ley que regula los proveedores de activos virtuales. Mientras esa ley siga durmiendo el sueño de los justos en Cuesta de Moras, es como tener las puertas de la casa abiertas de par en par, con un rótulo de neón que dice "Lave su dinero aquí". Es una invitación directa a que sigan haciendo de las suyas.
Entonces, maes, para resumir el tamal: tenemos a los criminales con tecnología de punta y métodos cada vez más sofisticados; a nuestra policía pidiendo ayuda internacional porque no tiene las herramientas para combatirlos; y a nuestros políticos en un letargo legislativo que raya en lo preocupante. Es la tormenta perfecta para que las víctimas sigan cayendo y la plata sucia siga fluyendo por estas tuberías digitales sin control. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo? ¿Será que estamos condenados a ir siempre un paso por detrás de la delincuencia o en algún momento vamos a reaccionar antes de que el problema sea incontrolable?
