Seamos honestos, maes. Cuando la tierra se sacude, como pasó hace un par de semanas con esa seguidilla en el Valle Central, lo primero que hacemos es correr a ver el reporte del Ovsicori o la Red Sismológica. Nos dan la magnitud, el epicentro, y hasta nos explican la falla que se activó. Son los héroes anónimos que traducen los gruñidos de la Tierra para que nosotros entendamos qué carajos está pasando. Pero, ¿qué pasa cuando los que tiemblan no son los edificios, sino las finanzas de estas instituciones? Diay, la vara se pone color de hormiga, y parece que hemos estado viviendo en una calma chicha, sin darnos cuenta de que el sistema que nos protege está, básicamente, jugándosela con las uñas.
El despiche actual es de antología. Resulta que estas redes de monitoreo, que son casi 150 estaciones regadas por todo el país (muchas en lugares donde Cristo perdió la sandalia), dependen casi en su totalidad de fondos públicos. Y ya sabemos lo que eso significa: burocracia eterna. Christian Garita, un informático del Ovsicori, lo pintó clarísimo: si un chunche vital se daña, el proceso para reemplazarlo es un calvario de licitaciones y trámites lentos. ¡Qué despiche! Estamos hablando de perder datos valiosísimos sobre sismos o la próxima tormenta porque a alguien se le quedó un papel atorado en un escritorio. Mientras tanto, los técnicos y científicos se la juegan en giras semanales, a veces en condiciones extremas, para que el sistema no se vaya al traste. El brete que hacen es monumental, pero lo hacen con las manos atadas por la burocracia.
Pero bueno, no todo es sal. Parece que hay una luz al final del túnel, o al menos un proyecto de ley que intenta serlo. La diputada liberacionista Rosaura Méndez presentó la iniciativa 24.738, que busca darle un respiro financiero permanente a estos centros. La idea es crear un fondo que se alimente de un impuesto chiquitico a ciertos seguros, como los de vida o incendios. Piénsenlo: si uno asegura la casa por si se quema, ¿no tiene lógica meter unos rojillos para asegurar el sistema que te avisa si un volcán o un terremoto la puede afectar? La vara, en papel, suena a cachete. Esos recursos irían directos al Ovsicori, la RSN, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR y el Instituto Meteorológico Nacional. Dejarían de depender del humor del presupuesto nacional de turno.
Y es que esto no es un lujo, es una necesidad a gritos en un país que vive en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esteban Chaves, el director del Ovsicori, lo dijo sin pelos en la lengua: de este monitoreo constante depende la seguridad social y económica del país. Prevenir es mucho más barato que reconstruir. Y la verdad es que el sistema que tenemos es, de por sí, un carga; uno de los más robustos de la región, y todo a pesar de los problemas de plata. Imagínense lo que podrían lograr estos científicos con recursos estables y garantizados. Podrían no solo reparar equipos a tiempo, sino innovar, instalar más estaciones y darnos pronósticos y alertas cada vez más precisos. Sería pasar de andar apagando incendios a tener un sistema de bomberos de primer mundo.
Ahora la bola está en la cancha de los diputados. El proyecto está en la Comisión de Asuntos Sociales, recogiendo opiniones antes de que pase al Plenario para el verdadero round de discusión y votación. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque una buena idea puede morir por falta de voluntad política. Es fácil para ellos llenarse la boca hablando de prevención después de un desastre, pero la verdadera prueba es aprobar un proyecto como este cuando las aguas están calmadas. La ciencia nos está dando las herramientas y la advertencia; ignorarla sería jalarse una torta de proporciones épicas. Así que, maes, ¿qué opinan ustedes? ¿Vale la pena este nuevo impuesto para amarrarnos los pantalones en prevención, o es otro clavo más al bolsillo? ¿Creen que los diputados le darán la prioridad que merece o esto terminará durmiendo el sueño de los justos?
El despiche actual es de antología. Resulta que estas redes de monitoreo, que son casi 150 estaciones regadas por todo el país (muchas en lugares donde Cristo perdió la sandalia), dependen casi en su totalidad de fondos públicos. Y ya sabemos lo que eso significa: burocracia eterna. Christian Garita, un informático del Ovsicori, lo pintó clarísimo: si un chunche vital se daña, el proceso para reemplazarlo es un calvario de licitaciones y trámites lentos. ¡Qué despiche! Estamos hablando de perder datos valiosísimos sobre sismos o la próxima tormenta porque a alguien se le quedó un papel atorado en un escritorio. Mientras tanto, los técnicos y científicos se la juegan en giras semanales, a veces en condiciones extremas, para que el sistema no se vaya al traste. El brete que hacen es monumental, pero lo hacen con las manos atadas por la burocracia.
Pero bueno, no todo es sal. Parece que hay una luz al final del túnel, o al menos un proyecto de ley que intenta serlo. La diputada liberacionista Rosaura Méndez presentó la iniciativa 24.738, que busca darle un respiro financiero permanente a estos centros. La idea es crear un fondo que se alimente de un impuesto chiquitico a ciertos seguros, como los de vida o incendios. Piénsenlo: si uno asegura la casa por si se quema, ¿no tiene lógica meter unos rojillos para asegurar el sistema que te avisa si un volcán o un terremoto la puede afectar? La vara, en papel, suena a cachete. Esos recursos irían directos al Ovsicori, la RSN, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR y el Instituto Meteorológico Nacional. Dejarían de depender del humor del presupuesto nacional de turno.
Y es que esto no es un lujo, es una necesidad a gritos en un país que vive en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esteban Chaves, el director del Ovsicori, lo dijo sin pelos en la lengua: de este monitoreo constante depende la seguridad social y económica del país. Prevenir es mucho más barato que reconstruir. Y la verdad es que el sistema que tenemos es, de por sí, un carga; uno de los más robustos de la región, y todo a pesar de los problemas de plata. Imagínense lo que podrían lograr estos científicos con recursos estables y garantizados. Podrían no solo reparar equipos a tiempo, sino innovar, instalar más estaciones y darnos pronósticos y alertas cada vez más precisos. Sería pasar de andar apagando incendios a tener un sistema de bomberos de primer mundo.
Ahora la bola está en la cancha de los diputados. El proyecto está en la Comisión de Asuntos Sociales, recogiendo opiniones antes de que pase al Plenario para el verdadero round de discusión y votación. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque una buena idea puede morir por falta de voluntad política. Es fácil para ellos llenarse la boca hablando de prevención después de un desastre, pero la verdadera prueba es aprobar un proyecto como este cuando las aguas están calmadas. La ciencia nos está dando las herramientas y la advertencia; ignorarla sería jalarse una torta de proporciones épicas. Así que, maes, ¿qué opinan ustedes? ¿Vale la pena este nuevo impuesto para amarrarnos los pantalones en prevención, o es otro clavo más al bolsillo? ¿Creen que los diputados le darán la prioridad que merece o esto terminará durmiendo el sueño de los justos?
