Bueno, maes, pónganle atención a esta vara porque se está cocinando algo interesante en Cuesta de Moras que podría cambiar las reglas del juego en las cárceles del país. Resulta que la diputada María Marta Carballo, del PUSC, se mandó con una propuesta que ya pasó el primer filtro en la Comisión de Asuntos Jurídicos: básicamente, que los privados de libertad tengan que ponerse a hacer algo productivo, ya sea con un brete o quemándose las pestañas con los libros. La idea es que la condena no sea solo tiempo muerto, sino que venga con una obligación de por medio. Ya con el dictamen positivo, el chunche ahora va para el Plenario a ver si sobrevive a los rounds que le faltan.
Diay, ¿y cómo funciona el asunto? Según el proyecto, si el privado de libertad escoge el camino del trabajo, no es que lo van a poner a picar piedra 24/7. La cosa tiene sus reglas: el brete sería solo de día, máximo 8 horas, y ojo a esto, no crea una relación laboral formal. O sea, no pueden trabajar para una empresa privada con fines de lucro. Además, les darían una póliza de riesgos y una platica. Aquí es donde se pone bueno: esa remuneración se repartiría en cuatro partes iguales. Un 25% para la pensión alimentaria (si la debe), otro 25% para pagar deudas o daños civiles, un 25% para el Estado por los gastos de la "estadía", y el último 25% para un fondo personal del reo, que se divide entre gastos del día a día y un ahorro para cuando salga.
Ahora, si lo suyo no es el brete, está la opción B: estudiar. Pero tampoco es jugar de vivo. La persona tendría que matricularse en alguna institución avalada por Adaptación Social y, lo más importante, demostrar que de verdad está avanzando. Si se queda pegado o no le pone bonito, ¡pum!, para el régimen de trabajo se ha dicho. Según la diputada Carballo, la lógica detrás de todo esto es un gane-gane: por un lado, se busca bajar la reincidencia dándole herramientas a la gente para que cuando salga tenga cómo ganarse la vida honradamente. Y por otro, dicen, se construyen comunidades más seguras. Suena bien en el papel, pero del dicho al hecho...
Pero como en todo proyecto de ley, la letra pequeña es donde está el detalle. Por ejemplo, los que están guardados por delitos bien pesados (homicidios, narco, delitos sexuales y esas varas feas) solo podrán pulsearla dentro de los muros de la cárcel, a menos que un profesional dé un permiso especial. También hay excepciones: los "rocos" de más de 65 años, las mujeres embarazadas o la gente con alguna condición física o psicológica que no les permita trabajar quedan por la libre. Y para el que simplemente no le da la gana de hacer ni una ni la otra sin tener una excusa válida, pues, salado. Perdería el acceso a cualquier beneficio penitenciario y le tocaría cumplir la condena completita, hasta el último día.
Así que la vara ya agarró tracción y está en la recta final. Ahora falta ver si le meten mociones y lo devuelven a comisión para afinar detalles, o si se va directo a la discusión en el Plenario. Este tema siempre genera un despiche de opiniones, desde los que creen que es la solución para la inseguridad hasta los que lo ven como trabajo forzado. La pregunta del millón, maes, ¿qué opinan ustedes? ¿Es una herramienta de reinserción que de verdad puede funcionar o es puro populismo? ¿Le ven futuro a la iniciativa o creen que se nos va al traste en el camino? ¡Los leo en los comentarios!
Diay, ¿y cómo funciona el asunto? Según el proyecto, si el privado de libertad escoge el camino del trabajo, no es que lo van a poner a picar piedra 24/7. La cosa tiene sus reglas: el brete sería solo de día, máximo 8 horas, y ojo a esto, no crea una relación laboral formal. O sea, no pueden trabajar para una empresa privada con fines de lucro. Además, les darían una póliza de riesgos y una platica. Aquí es donde se pone bueno: esa remuneración se repartiría en cuatro partes iguales. Un 25% para la pensión alimentaria (si la debe), otro 25% para pagar deudas o daños civiles, un 25% para el Estado por los gastos de la "estadía", y el último 25% para un fondo personal del reo, que se divide entre gastos del día a día y un ahorro para cuando salga.
Ahora, si lo suyo no es el brete, está la opción B: estudiar. Pero tampoco es jugar de vivo. La persona tendría que matricularse en alguna institución avalada por Adaptación Social y, lo más importante, demostrar que de verdad está avanzando. Si se queda pegado o no le pone bonito, ¡pum!, para el régimen de trabajo se ha dicho. Según la diputada Carballo, la lógica detrás de todo esto es un gane-gane: por un lado, se busca bajar la reincidencia dándole herramientas a la gente para que cuando salga tenga cómo ganarse la vida honradamente. Y por otro, dicen, se construyen comunidades más seguras. Suena bien en el papel, pero del dicho al hecho...
Pero como en todo proyecto de ley, la letra pequeña es donde está el detalle. Por ejemplo, los que están guardados por delitos bien pesados (homicidios, narco, delitos sexuales y esas varas feas) solo podrán pulsearla dentro de los muros de la cárcel, a menos que un profesional dé un permiso especial. También hay excepciones: los "rocos" de más de 65 años, las mujeres embarazadas o la gente con alguna condición física o psicológica que no les permita trabajar quedan por la libre. Y para el que simplemente no le da la gana de hacer ni una ni la otra sin tener una excusa válida, pues, salado. Perdería el acceso a cualquier beneficio penitenciario y le tocaría cumplir la condena completita, hasta el último día.
Así que la vara ya agarró tracción y está en la recta final. Ahora falta ver si le meten mociones y lo devuelven a comisión para afinar detalles, o si se va directo a la discusión en el Plenario. Este tema siempre genera un despiche de opiniones, desde los que creen que es la solución para la inseguridad hasta los que lo ven como trabajo forzado. La pregunta del millón, maes, ¿qué opinan ustedes? ¿Es una herramienta de reinserción que de verdad puede funcionar o es puro populismo? ¿Le ven futuro a la iniciativa o creen que se nos va al traste en el camino? ¡Los leo en los comentarios!
