A ver, maes, hablemos de una vara que se está moviendo en Cuesta de Moras y que tiene de todo un poco. Resulta que la Comisión de Asuntos Jurídicos le dio luz verde a un proyecto de ley que busca, para ponerlo en buen tico, poner a los privados de libertad a bretear o a estudiar. Así, sin quite. La idea, impulsada por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, es que durante toda la condena, la persona tenga que estar metida en alguna actividad productiva. El objetivo en el papel suena tuanis: bajar la reincidencia, ayudar a la reinserción y, de paso, mejorar la seguridad de todos. Pero como siempre, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Diay, ¿cómo funcionaría este asunto? Según el texto, todo el que esté guardado por una condena firme tendría que jalar a trabajar, a estudiar o a hacer una combinación de las dos cosas, siempre bajo la lupa de Adaptación Social. Y ojo al dato, porque esto no es jugando: el que se niegue a entrarle, y no tenga una justificación legal válida (como una incapacidad médica), le dice adiós a los beneficios penitenciarios. O sea, se queda cumpliendo la sentencia completita, sin rebajas ni nada. El brete sería solo de día, máximo ocho horas, y para evitar enredos, se aclara que no genera una relación laboral normal. Eso sí, tendrían una póliza de riesgos, por aquello de un accidente.
Y aquí es donde la vara se pone más interesante: la plata. Porque claro, si van a trabajar, tiene que haber una contraprestación. El proyecto propone que la platica que se genere se reparta en cuatro partes iguales, como un queque. Un 25% iría directo para pagar pensiones alimentarias (un punto clave), otro 25% para saldar deudas que tengan, un 25% para que le paguen al mismo Estado por los gastos de su estadía en la cárcel y el último 25% sería para ellos, para sus gastos personales o para que hagan un ahorrito para cuando salgan. Hay excepciones, claro. Los que cometieron delitos muy graves (homicidios, narco, etc.) solo podrían bretear dentro del centro penal, y se excluye a los mayores de 65, embarazadas o personas con limitaciones serias.
Pero no todo es pico y pala. El componente educativo es la otra cara de la moneda. La idea es que los reclusos se metan a programas de estudio avalados por Adaptación Social y tienen que demostrar que van avanzando. Si se quedan pegados o no le ponen, pa' fuera y a integrarse al régimen de trabajo. La diputada Carballo lo defiende a capa y espada, diciendo que esto es una oportunidad de superación para los privados de libertad y un gane para toda la sociedad, porque se supone que saldrán con más herramientas para no volver a delinquir y así tener comunidades más seguras. La lógica es que el ocio en la cárcel es el peor consejero.
Ahora, aquí es donde el debate se pone bueno. Por un lado, la propuesta ataca un problema real: las cárceles como simples "bodegas" de gente, donde muchos salen peor de lo que entraron. Darles una rutina, disciplina y hasta una habilidad suena como un paso lógico y necesario. Pero por otro, la palabra "obligatorio" siempre hace ruido. ¿Hasta qué punto se puede obligar a alguien a trabajar, incluso en prisión, sin cruzar la línea del trabajo forzoso? ¿Están las cárceles ticas preparadas con la infraestructura y los recursos para un proyecto de esta magnitud? La pregunta del millón es si esta iniciativa logrará su cometido de ser una herramienta de reinserción o si terminará siendo un simple mecanismo de castigo con un disfraz productivo.
Diay, ¿cómo funcionaría este asunto? Según el texto, todo el que esté guardado por una condena firme tendría que jalar a trabajar, a estudiar o a hacer una combinación de las dos cosas, siempre bajo la lupa de Adaptación Social. Y ojo al dato, porque esto no es jugando: el que se niegue a entrarle, y no tenga una justificación legal válida (como una incapacidad médica), le dice adiós a los beneficios penitenciarios. O sea, se queda cumpliendo la sentencia completita, sin rebajas ni nada. El brete sería solo de día, máximo ocho horas, y para evitar enredos, se aclara que no genera una relación laboral normal. Eso sí, tendrían una póliza de riesgos, por aquello de un accidente.
Y aquí es donde la vara se pone más interesante: la plata. Porque claro, si van a trabajar, tiene que haber una contraprestación. El proyecto propone que la platica que se genere se reparta en cuatro partes iguales, como un queque. Un 25% iría directo para pagar pensiones alimentarias (un punto clave), otro 25% para saldar deudas que tengan, un 25% para que le paguen al mismo Estado por los gastos de su estadía en la cárcel y el último 25% sería para ellos, para sus gastos personales o para que hagan un ahorrito para cuando salgan. Hay excepciones, claro. Los que cometieron delitos muy graves (homicidios, narco, etc.) solo podrían bretear dentro del centro penal, y se excluye a los mayores de 65, embarazadas o personas con limitaciones serias.
Pero no todo es pico y pala. El componente educativo es la otra cara de la moneda. La idea es que los reclusos se metan a programas de estudio avalados por Adaptación Social y tienen que demostrar que van avanzando. Si se quedan pegados o no le ponen, pa' fuera y a integrarse al régimen de trabajo. La diputada Carballo lo defiende a capa y espada, diciendo que esto es una oportunidad de superación para los privados de libertad y un gane para toda la sociedad, porque se supone que saldrán con más herramientas para no volver a delinquir y así tener comunidades más seguras. La lógica es que el ocio en la cárcel es el peor consejero.
Ahora, aquí es donde el debate se pone bueno. Por un lado, la propuesta ataca un problema real: las cárceles como simples "bodegas" de gente, donde muchos salen peor de lo que entraron. Darles una rutina, disciplina y hasta una habilidad suena como un paso lógico y necesario. Pero por otro, la palabra "obligatorio" siempre hace ruido. ¿Hasta qué punto se puede obligar a alguien a trabajar, incluso en prisión, sin cruzar la línea del trabajo forzoso? ¿Están las cárceles ticas preparadas con la infraestructura y los recursos para un proyecto de esta magnitud? La pregunta del millón es si esta iniciativa logrará su cometido de ser una herramienta de reinserción o si terminará siendo un simple mecanismo de castigo con un disfraz productivo.
