Maes, a ver si me ayudan a entender este enredo, porque la cabeza ya me da vueltas. La novela judicial que por años nos tuvo pendientes, el famoso caso de tráfico de influencias contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith, llegó a su fin. ¿Y cómo terminó? Con todos absueltos. Pero aquí viene lo bueno: la propia Fiscalía, la que se supone que debía acusar, fue la que levantó la mano en medio juicio y dijo: “Mejor no, pido que los absuelvan a todos”. ¡Así como lo oyen!
Después de años de investigación, de recursos públicos gastados y de audiencias, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) llegó a la conclusión de que la acusación original era un colador. Que no describía bien los hechos, que no había pruebas contundentes, que diay, que mejor dejar la vara así. O sea, se jalaron una torta monumental en algún punto del camino y todo el brete de años se fue al traste. Uno se queda pensando en la cantidad de horas, plata y centimetraje en medios que se invirtieron en un caso que, según los fiscales del juicio, nació herido de muerte.
Ahora, para apagar el incendio, sale el Fiscal General, Carlo Díaz, a jugar de bombero. Con cara de sorpresa (la misma que pusimos todos), anuncia que esto no se queda así. Ordenó una investigación interna con “fiscales de alto rango” para revisar qué fue lo que pasó. Van a analizar todo desde el inicio: quién investigó, quién redactó la acusación, quién participó en el juicio. La idea es ver si alguien metió las de andar y si corresponde alguna sanción. Suena bien, pero huele a control de daños. Es como si el capitán del barco, después de chocar contra el iceberg, ordenara una investigación para ver quién dejó la puerta de la refri abierta. Tarde, ¿no creen?
Pero aquí es donde el asunto se pone más interesante, donde el guion parece escrito por alguien con mucha, muchísima imaginación. Resulta que esta absolutoria llega justo cuando sobre Celso Gamboa pende una solicitud de extradición de Estados Unidos. Allá no lo quieren por tráfico de influencias, sino por presuntos nexos con el narco a un nivel que asusta, vinculándolo con carteles mexicanos y colombianos. Obviamente, tanto Carlo Díaz como la jefa de Anticorrupción salieron a decir que una cosa no tiene NADA que ver con la otra. Que la decisión de pedir la absolutoria fue puramente técnica y que los fiscales de juicio son súper independientes.
Claro, uno quiere creer en la institucionalidad y en la separación de poderes, pero la coincidencia es, por lo menos, para levantar una ceja. Liberar a Gamboa de este proceso local, que ya se había repetido una vez, sin duda le aplana el camino a los gringos. Al final, los que quedamos salados somos los ciudadanos, con la sensación de que la justicia a veces es un laberinto con salidas de emergencia muy bien señalizadas para algunos. Nos quedamos con un caso emblemático de corrupción que se desinfló como un globo de feria y con más preguntas que respuestas.
Maes, ahora en serio, ¿ustedes qué creen que pasó aquí? ¿Fue esto una torta monumental por pura incompetencia de la Fiscalía a lo largo de los años? ¿O más bien una jugada calculada para “limpiar la mesa” y facilitar la extradición de Gamboa sin tanto enredo? ¿O una mezcla de las dos cosas? ¡Los leo!
Después de años de investigación, de recursos públicos gastados y de audiencias, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) llegó a la conclusión de que la acusación original era un colador. Que no describía bien los hechos, que no había pruebas contundentes, que diay, que mejor dejar la vara así. O sea, se jalaron una torta monumental en algún punto del camino y todo el brete de años se fue al traste. Uno se queda pensando en la cantidad de horas, plata y centimetraje en medios que se invirtieron en un caso que, según los fiscales del juicio, nació herido de muerte.
Ahora, para apagar el incendio, sale el Fiscal General, Carlo Díaz, a jugar de bombero. Con cara de sorpresa (la misma que pusimos todos), anuncia que esto no se queda así. Ordenó una investigación interna con “fiscales de alto rango” para revisar qué fue lo que pasó. Van a analizar todo desde el inicio: quién investigó, quién redactó la acusación, quién participó en el juicio. La idea es ver si alguien metió las de andar y si corresponde alguna sanción. Suena bien, pero huele a control de daños. Es como si el capitán del barco, después de chocar contra el iceberg, ordenara una investigación para ver quién dejó la puerta de la refri abierta. Tarde, ¿no creen?
Pero aquí es donde el asunto se pone más interesante, donde el guion parece escrito por alguien con mucha, muchísima imaginación. Resulta que esta absolutoria llega justo cuando sobre Celso Gamboa pende una solicitud de extradición de Estados Unidos. Allá no lo quieren por tráfico de influencias, sino por presuntos nexos con el narco a un nivel que asusta, vinculándolo con carteles mexicanos y colombianos. Obviamente, tanto Carlo Díaz como la jefa de Anticorrupción salieron a decir que una cosa no tiene NADA que ver con la otra. Que la decisión de pedir la absolutoria fue puramente técnica y que los fiscales de juicio son súper independientes.
Claro, uno quiere creer en la institucionalidad y en la separación de poderes, pero la coincidencia es, por lo menos, para levantar una ceja. Liberar a Gamboa de este proceso local, que ya se había repetido una vez, sin duda le aplana el camino a los gringos. Al final, los que quedamos salados somos los ciudadanos, con la sensación de que la justicia a veces es un laberinto con salidas de emergencia muy bien señalizadas para algunos. Nos quedamos con un caso emblemático de corrupción que se desinfló como un globo de feria y con más preguntas que respuestas.
Maes, ahora en serio, ¿ustedes qué creen que pasó aquí? ¿Fue esto una torta monumental por pura incompetencia de la Fiscalía a lo largo de los años? ¿O más bien una jugada calculada para “limpiar la mesa” y facilitar la extradición de Gamboa sin tanto enredo? ¿O una mezcla de las dos cosas? ¡Los leo!
