Mae, a veces uno lee las noticias y no sabe si está viendo una serie de intriga política o si de verdad así se manejan las varas en este país. La última joyita viene directo desde la Asamblea Legislativa, donde el Ministro de Justicia, Gerald Campos, básicamente le dijo a los diputados que la ubicación de la nueva cárcel de “Alta Contención” es más secreta que la receta de la Coca-Cola. Y no, no piensa soltar prenda. Un proyecto estrella del Gobierno, anunciado con bombos y platillos, ahora se maneja con el sigilo de una operación de la CIA. ¿La razón? Ahorita vamos a eso.
La vara está así: en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Vanessa Castro (PUSC) fue al grano y le preguntó a Campos lo que todos queremos saber: “Ok, ¿dónde van a construir ese chunche?”. La respuesta del ministro fue un “preferimos no decirlo”. La justificación que dio, hay que admitir, suena bastante seria: amenazas directas contra funcionarios y sus familias. “Sabemos dónde está su esposa, sabemos dónde están sus hijos”, dice que les han dicho. Diay, si eso es cierto, es gravísimo y se entiende la necesidad de cautela. Nadie quiere que un proyecto de seguridad nacional se vaya al traste por una filtración que ponga en riesgo la vida de la gente que está en ese brete.
Pero aquí es donde el arroz se empieza a hacer con mango. La diputada Castro ya había cantado la pieza desde antes, asegurando que tanto secretismo no es por seguridad, sino por pura “politiquería”. Y cuando uno ve de dónde está saliendo la plata para este proyecto, la cosa se pone todavía más turbia. Resulta que para financiar la cárcel, Hacienda le metió un recorte sabroso a varias instituciones. Le quitaron ₡33.945 millones al MOPT, a FODESAF y, aquí viene lo bueno, ¡al mismísimo Ministerio de Seguridad Pública! O sea, para ponerlo en buen tico: le quitamos plata a la seguridad de hoy para construir la seguridad (súper secreta) de mañana. Es una lógica que, por donde uno la vea, parece que alguien se jaló una torta monumental.
Es imposible no ver el panorama completo, especialmente con la sombra de una campaña electoral encima. Un gobierno que necesita desesperadamente mostrar mano dura contra el crimen encuentra en una cárcel de máxima seguridad el símbolo perfecto. Es una narrativa poderosa: “Estamos encerrando a los malos en un lugar de donde no pueden salir”. Vende bien, suena tuanis y da la impresión de acción contundente. El problema es cuando la ejecución empieza a oler a improvisación y a secretismo extremo. La falta de transparencia no solo genera desconfianza, sino que abre la puerta a que se piense lo peor: que el secretismo es para evitar que las comunidades se opongan, que los estudios no están tan listos como dicen o que, en efecto, es una carta que se quieren guardar para jugarla en el momento políticamente más oportuno.
Al final, nos quedamos con un despiche de preguntas. Por un lado, la amenaza real y tangible a funcionarios públicos que es absolutamente inaceptable. Por otro, un manejo de fondos públicos que levanta todas las alarmas y un secretismo que alimenta el cinismo en un momento en que la confianza en los políticos está por los suelos. Es un enredo donde la línea entre la prudencia y el cálculo político es casi invisible. La construcción de una cárcel no es cualquier vara, es una decisión de Estado con implicaciones enormes, y manejarla como un misterio solo le echa más leña al fuego de la polarización.
Así que, maes, les tiro la bola a ustedes: ¿Qué pesa más en esta historia? ¿Le creen al ministro y su argumento de las amenazas serias, justificando así el secretismo absoluto? ¿O se inclinan a pensar que es una jugada politiquera de cara a las elecciones, usando la seguridad como bandera mientras hacen malabares con el presupuesto? ¡Los leo en los comentarios!
La vara está así: en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Vanessa Castro (PUSC) fue al grano y le preguntó a Campos lo que todos queremos saber: “Ok, ¿dónde van a construir ese chunche?”. La respuesta del ministro fue un “preferimos no decirlo”. La justificación que dio, hay que admitir, suena bastante seria: amenazas directas contra funcionarios y sus familias. “Sabemos dónde está su esposa, sabemos dónde están sus hijos”, dice que les han dicho. Diay, si eso es cierto, es gravísimo y se entiende la necesidad de cautela. Nadie quiere que un proyecto de seguridad nacional se vaya al traste por una filtración que ponga en riesgo la vida de la gente que está en ese brete.
Pero aquí es donde el arroz se empieza a hacer con mango. La diputada Castro ya había cantado la pieza desde antes, asegurando que tanto secretismo no es por seguridad, sino por pura “politiquería”. Y cuando uno ve de dónde está saliendo la plata para este proyecto, la cosa se pone todavía más turbia. Resulta que para financiar la cárcel, Hacienda le metió un recorte sabroso a varias instituciones. Le quitaron ₡33.945 millones al MOPT, a FODESAF y, aquí viene lo bueno, ¡al mismísimo Ministerio de Seguridad Pública! O sea, para ponerlo en buen tico: le quitamos plata a la seguridad de hoy para construir la seguridad (súper secreta) de mañana. Es una lógica que, por donde uno la vea, parece que alguien se jaló una torta monumental.
Es imposible no ver el panorama completo, especialmente con la sombra de una campaña electoral encima. Un gobierno que necesita desesperadamente mostrar mano dura contra el crimen encuentra en una cárcel de máxima seguridad el símbolo perfecto. Es una narrativa poderosa: “Estamos encerrando a los malos en un lugar de donde no pueden salir”. Vende bien, suena tuanis y da la impresión de acción contundente. El problema es cuando la ejecución empieza a oler a improvisación y a secretismo extremo. La falta de transparencia no solo genera desconfianza, sino que abre la puerta a que se piense lo peor: que el secretismo es para evitar que las comunidades se opongan, que los estudios no están tan listos como dicen o que, en efecto, es una carta que se quieren guardar para jugarla en el momento políticamente más oportuno.
Al final, nos quedamos con un despiche de preguntas. Por un lado, la amenaza real y tangible a funcionarios públicos que es absolutamente inaceptable. Por otro, un manejo de fondos públicos que levanta todas las alarmas y un secretismo que alimenta el cinismo en un momento en que la confianza en los políticos está por los suelos. Es un enredo donde la línea entre la prudencia y el cálculo político es casi invisible. La construcción de una cárcel no es cualquier vara, es una decisión de Estado con implicaciones enormes, y manejarla como un misterio solo le echa más leña al fuego de la polarización.
Así que, maes, les tiro la bola a ustedes: ¿Qué pesa más en esta historia? ¿Le creen al ministro y su argumento de las amenazas serias, justificando así el secretismo absoluto? ¿O se inclinan a pensar que es una jugada politiquera de cara a las elecciones, usando la seguridad como bandera mientras hacen malabares con el presupuesto? ¡Los leo en los comentarios!
