Diay, maes, no sé si ya se enteraron del despiche que se armó en la Asamblea Legislativa, pero si les preocupa mínimamente que el país no se termine de convertir en la finca personal de cuatro narcos, pónganle atención a esta vara. Resulta que un grupo de diputados, en una movida que cuesta entender si no se piensa mal, le metió el freno de mano a la ley de “capitales emergentes”. Así, en segundo debate, cuando ya casi cantábamos victoria, la mandaron a dormir el sueño de los justos. Una herramienta que, para muchos, era de las pocas municiones reales que íbamos a tener para pegarle al crimen organizado donde más le duele: en la billetera. ¡Qué torta más monumental!
Para los que no están muy enterados del asunto, les hago un resumen rápido. La vara con esta ley era bastante lógica: si de la noche a la mañana a usted le aparecía un menudito extra en la cuenta, un carro de lujo que no calza con su salario o una propiedad en la playa sin tener cómo justificarla, el Estado podía actuar. No era un tema penal de una vez, ojo, sino una medida cautelar. O sea, le congelaban el chunche o la plata y le decían: “Mae, demuestre de dónde salió esto”. Si no podía, ahí sí se procedía. Era una forma de cerrarles el tubo a los que legitiman capitales mal habidos. Pero parece que a ciertos sectores políticos esta idea les dio alergia. El oficialismo, el PUSC, Nueva República y el PLP unieron fuerzas para que la ley no pasara. La votación quedó 21 a favor y 17 en contra, pero se ocupaban 38 votos. El proyecto, que llevaba años de brete, se fue al traste.
Y aquí es donde la cosa se pone más fea y hasta huele a jugada sucia. Después de que la votación no les dio los números para aprobarla, ¡pum!, se sacaron de la manga una moción para devolver el proyecto a una comisión. ¿El truco? La moción no establece ningún plazo para que la comisión vuelva a dictaminar. En el ajedrez político tico, eso es el equivalente a meter un documento en un gavetón, cerrarlo con llave y tirar la llave al río Virilla. La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, que ha sido una de las que más ha empujado el proyecto, lo dijo clarito: es una estrategia para no asumir el costo político de archivarla de frente y, en cambio, dejarla morir de aburrimiento. Básicamente, se jalaron una torta y ahora no quieren que la factura les llegue a ellos.
Lo que de verdad frustra es el mensaje que esto envía. Mientras el país entero está hasta la coronilla de la inseguridad, la violencia y la narcopolítica que se asoma por todo lado, un grupo de nuestros “representantes” decide quitarle una herramienta clave al OIJ y al Ministerio Público. El argumento de que “atentaba contra la propiedad privada” suena a una excusa muy pobre cuando se contrapone al cáncer de la legitimación de capitales. Estamos hablando de una medida para ir detrás de la plata sucia que financia sicarios, compra conciencias y pudre nuestras instituciones. ¿De verdad el derecho de un presunto criminal a disfrutar de su dinero mal habido pesa más que la seguridad de todo el país? Estamos salados si ese es el criterio.
Al final del día, esto deja un sabor amarguísimo. Ver cómo un esfuerzo de años, una iniciativa con potencial real para cambiar las reglas del juego contra el hampa, se ahoga en un mar de tecnicismos y cálculos políticos es desmoralizante. Nos quedamos con la duda de si los diputados que la bloquearon actuaron por simple miopía, por una defensa mal entendida de ciertos principios, o si hay intereses más oscuros y poderosos que simplemente no querían que esta ley viera la luz del día. La pregunta queda en el aire, y mientras tanto, los que sí se frotan las manos son los que nunca tienen que justificar de dónde sacan su plata. Ahora les pregunto a ustedes, la gente pensante de este foro: ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Fue un cálculo político frío para no quedar mal con nadie, o de verdad no entendieron la importancia de esta ley? ¿O peor... sí la entendieron demasiado bien?
Para los que no están muy enterados del asunto, les hago un resumen rápido. La vara con esta ley era bastante lógica: si de la noche a la mañana a usted le aparecía un menudito extra en la cuenta, un carro de lujo que no calza con su salario o una propiedad en la playa sin tener cómo justificarla, el Estado podía actuar. No era un tema penal de una vez, ojo, sino una medida cautelar. O sea, le congelaban el chunche o la plata y le decían: “Mae, demuestre de dónde salió esto”. Si no podía, ahí sí se procedía. Era una forma de cerrarles el tubo a los que legitiman capitales mal habidos. Pero parece que a ciertos sectores políticos esta idea les dio alergia. El oficialismo, el PUSC, Nueva República y el PLP unieron fuerzas para que la ley no pasara. La votación quedó 21 a favor y 17 en contra, pero se ocupaban 38 votos. El proyecto, que llevaba años de brete, se fue al traste.
Y aquí es donde la cosa se pone más fea y hasta huele a jugada sucia. Después de que la votación no les dio los números para aprobarla, ¡pum!, se sacaron de la manga una moción para devolver el proyecto a una comisión. ¿El truco? La moción no establece ningún plazo para que la comisión vuelva a dictaminar. En el ajedrez político tico, eso es el equivalente a meter un documento en un gavetón, cerrarlo con llave y tirar la llave al río Virilla. La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, que ha sido una de las que más ha empujado el proyecto, lo dijo clarito: es una estrategia para no asumir el costo político de archivarla de frente y, en cambio, dejarla morir de aburrimiento. Básicamente, se jalaron una torta y ahora no quieren que la factura les llegue a ellos.
Lo que de verdad frustra es el mensaje que esto envía. Mientras el país entero está hasta la coronilla de la inseguridad, la violencia y la narcopolítica que se asoma por todo lado, un grupo de nuestros “representantes” decide quitarle una herramienta clave al OIJ y al Ministerio Público. El argumento de que “atentaba contra la propiedad privada” suena a una excusa muy pobre cuando se contrapone al cáncer de la legitimación de capitales. Estamos hablando de una medida para ir detrás de la plata sucia que financia sicarios, compra conciencias y pudre nuestras instituciones. ¿De verdad el derecho de un presunto criminal a disfrutar de su dinero mal habido pesa más que la seguridad de todo el país? Estamos salados si ese es el criterio.
Al final del día, esto deja un sabor amarguísimo. Ver cómo un esfuerzo de años, una iniciativa con potencial real para cambiar las reglas del juego contra el hampa, se ahoga en un mar de tecnicismos y cálculos políticos es desmoralizante. Nos quedamos con la duda de si los diputados que la bloquearon actuaron por simple miopía, por una defensa mal entendida de ciertos principios, o si hay intereses más oscuros y poderosos que simplemente no querían que esta ley viera la luz del día. La pregunta queda en el aire, y mientras tanto, los que sí se frotan las manos son los que nunca tienen que justificar de dónde sacan su plata. Ahora les pregunto a ustedes, la gente pensante de este foro: ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Fue un cálculo político frío para no quedar mal con nadie, o de verdad no entendieron la importancia de esta ley? ¿O peor... sí la entendieron demasiado bien?
