Maes, ¿se acuerdan del despiche de los televisores y los microondas en La Reforma hace unos días? Que se los quitaron, que la jueza dijo que se los devolvieran... Diay, parece que esa novela apenas empieza, porque ahora la bronca es por algo mucho más básico: la comida. Según una asociación que les ayuda, un grupo de reos del área de alta contención está quejándose de que los platos vienen casi vacíos y quedan con hambre. ¡Qué torta! Esto ya no es por ver la mejenga o calentar el gallo pinto, esto es literalmente por el arroz y los frijoles.
Aquí es donde la vara se pone más compleja. Según el representante de la asociación, el problema se agravó porque el Ministerio de Justicia y Paz cambió las reglas del juego. Aparentemente, ahora hay muchas más restricciones para que las familias les lleven comida, que antes era el refuerzo para muchos. Entonces, claro, si antes complementaban con lo que les traían de afuera y ahora esa puerta se cierra, la comida que da el sistema se vuelve crítica. Y si esa comida es poca, el malestar es inevitable. No están pidiendo filet mignon, mae, solo lo suficiente para no sentir que el estómago les pega con la espalda. Uno se pregunta si el Ministerio no midió las consecuencias o si esta restricción era parte de un plan más grande que se les está saliendo de las manos.
Como era de esperarse, el Ministerio de Justicia y Paz ya dio su versión, y es la clásica respuesta oficial que parece escrita para no decir mucho. Confirmaron que hubo un “incidente” donde 21 privados de libertad se negaron a recibir el almuerzo. Su solución fue activar el “protocolo de vigilancia médica”. O sea, en buen tico, ponerles un ojo encima por si a alguno le da un patatús por no comer. No hablan de la raíz del problema, de la cantidad de comida, ni de las nuevas directrices. Es un manejo de crisis de manual: reconocer lo mínimo indispensable y desviar la atención hacia los protocolos. Pero la queja de fondo sigue ahí, flotando en el aire de la celda.
Lo más interesante es que esto ya no es un reclamo aislado, es una bola de nieve. Primero los chunches electrónicos, ahora la comida. Parece que hay un pulso tenso entre la administración penitenciaria y los reos. La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad ya metió la cuchara y le tiró la bola a la Defensoría de los Habitantes para que investigue. Ahora la Defensoría tiene el brete de averiguar si las quejas son legítimas, si de verdad se están sirviendo porciones de miseria o si es una estrategia de presión de los reos para recuperar otros beneficios. Es una línea muy delgada y un tema súper delicado, porque toca directamente los derechos humanos.
Al final, el dilema es el de siempre, maes. ¿Dónde se pinta la raya? Por un lado, son personas que cometieron delitos y están pagando su deuda con la sociedad. Pero por otro, siguen siendo seres humanos con derechos básicos, y la alimentación es el más fundamental de todos. La pregunta que queda en el aire es si estamos viendo un problema real de abastecimiento y gestión en nuestras cárceles, o una manipulación por parte de un grupo de reos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una queja válida y el sistema se está jalando una torta con la comida, o de verdad la vara en las cárceles se está yendo al traste por otras razones más profundas?
Aquí es donde la vara se pone más compleja. Según el representante de la asociación, el problema se agravó porque el Ministerio de Justicia y Paz cambió las reglas del juego. Aparentemente, ahora hay muchas más restricciones para que las familias les lleven comida, que antes era el refuerzo para muchos. Entonces, claro, si antes complementaban con lo que les traían de afuera y ahora esa puerta se cierra, la comida que da el sistema se vuelve crítica. Y si esa comida es poca, el malestar es inevitable. No están pidiendo filet mignon, mae, solo lo suficiente para no sentir que el estómago les pega con la espalda. Uno se pregunta si el Ministerio no midió las consecuencias o si esta restricción era parte de un plan más grande que se les está saliendo de las manos.
Como era de esperarse, el Ministerio de Justicia y Paz ya dio su versión, y es la clásica respuesta oficial que parece escrita para no decir mucho. Confirmaron que hubo un “incidente” donde 21 privados de libertad se negaron a recibir el almuerzo. Su solución fue activar el “protocolo de vigilancia médica”. O sea, en buen tico, ponerles un ojo encima por si a alguno le da un patatús por no comer. No hablan de la raíz del problema, de la cantidad de comida, ni de las nuevas directrices. Es un manejo de crisis de manual: reconocer lo mínimo indispensable y desviar la atención hacia los protocolos. Pero la queja de fondo sigue ahí, flotando en el aire de la celda.
Lo más interesante es que esto ya no es un reclamo aislado, es una bola de nieve. Primero los chunches electrónicos, ahora la comida. Parece que hay un pulso tenso entre la administración penitenciaria y los reos. La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad ya metió la cuchara y le tiró la bola a la Defensoría de los Habitantes para que investigue. Ahora la Defensoría tiene el brete de averiguar si las quejas son legítimas, si de verdad se están sirviendo porciones de miseria o si es una estrategia de presión de los reos para recuperar otros beneficios. Es una línea muy delgada y un tema súper delicado, porque toca directamente los derechos humanos.
Al final, el dilema es el de siempre, maes. ¿Dónde se pinta la raya? Por un lado, son personas que cometieron delitos y están pagando su deuda con la sociedad. Pero por otro, siguen siendo seres humanos con derechos básicos, y la alimentación es el más fundamental de todos. La pregunta que queda en el aire es si estamos viendo un problema real de abastecimiento y gestión en nuestras cárceles, o una manipulación por parte de un grupo de reos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una queja válida y el sistema se está jalando una torta con la comida, o de verdad la vara en las cárceles se está yendo al traste por otras razones más profundas?
