Maes, seamos honestos. Ir a Limón por la 32 se ha vuelto una ruleta rusa, un volado, un acto de fe. Uno se levanta, revisa el Waze, consulta tres grupos de WhatsApp y hasta le pregunta al guarda del súper si sabe algo, y aun así, nunca tiene la certeza de si la platina del Zurquí va a estar abierta. Es un despiche que ya tiene tintes de meme nacional, una novela de nunca acabar donde el protagonista es siempre un talud con ganas de venirse abajo. Y parece que en Zapote ya se cansaron del drama, porque este miércoles el presidente Chaves le tiró la bola de fuego al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, con una orden directa: “Agarremos el toro por los cuernos”. La misión: redactar un proyecto de ley que les desate las manos para, por fin, hacer algo serio con esa carretera.
Aquí es donde la vara se pone color de hormiga. El nudo gordiano, la pega, la piedra en el zapato, es que el tramo más problemático de la Ruta 32 atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. Y por ley, un Parque Nacional es casi intocable. Chaves lo dijo clarito: están atados de manos. No pueden llegar con maquinaria a podar árboles que parecen a punto de caer, ni a limpiar los taludes de forma preventiva, ni a construir las obras de ingeniería que se necesitan porque, ¡sorpresa!, la misma legislación que protege esa joya de bosque es la que nos tiene en este ciclo eterno de derrumbe-cierre-limpieza-apertura-derrumbe. Es una torta legislativa que llevamos décadas pagando, donde se creó un parque para proteger la zona de la deforestación que causaría la carretera, pero sin un plan B para cuando la naturaleza, diay, hiciera lo suyo.
La directriz de Chaves es que Tattenbach tenga listo un borrador de ley para noviembre, cuando el Gobierno tome el control de la agenda del Congreso en las sesiones extraordinarias. La idea es simple, pero explosiva: crear una excepción legal que permita intervenciones serias. Habló de “terraceados” y de “lo que los ingenieros digan qué hay que hacer”. O sea, darle potestad al MOPT y al CONAVI para que vayan más allá de solo recoger la tierra que ya se cayó. El mismo presidente ya está cantando el pleito que se viene, y hasta le puso nombre y apellido a la futura oposición, mencionando al diputado frenteamplista Ariel Robles y al excandidato Edgardo Araya. Sabe que tocar un Parque Nacional, aunque sea para evitar una tragedia, es meterse en un panal de avispas y que el grito de “ecocidio” se va a oír hasta la Isla del Coco.
Mientras tanto, el MOPT no está de brazos cruzados. El ministro Efraím Zeledón confirmó que ya adjudicaron estudios de geotecnia y topografía por $35 millones (que vienen de un programa de emergencias) para peinar toda la zona desde el túnel Zurquí hasta el río Sucio. El brete de ellos es identificar los puntos críticos y diseñar las soluciones. Zeledón, obviamente, le dio la bienvenida a la propuesta de ley de Chaves, porque de nada sirve tener los diseños más cargas si a la hora de la hora no pueden ni mover una ramita sin meterse en un broncón legal. Es como tener la plata para comprar el carro, pero no tener la licencia para manejarlo. El diagnóstico está claro, la plata parece que está, pero falta el permiso para operar.
Al final, todo este enredo técnico y político aterriza en la vida del costarricense de a pie: el trailero que pierde días de brete, el empresario que no puede exportar, la familia que quiere ir a la playa, el mae de la piñera que necesita mover su producto. La constante de esta semana –abren a las 5 a.m., cierran a mediodía, reabren a las 2 p.m.– es la prueba viviente del caos. Obliga a todo el mundo a dar la vuelta larguísima por Turrialba o Vara Blanca, gastando más gasolina y tiempo. Diay, el que le toca viajar por ahí, ¡qué sal! La situación es insostenible y, aunque la propuesta de Chaves es controversial, al menos pone el dedo en la llaga. Maes, y aquí la pregunta del millón: ¿Se puede meterle mano al Braulio Carrillo para salvar la Ruta 32 sin jalarse una torta ambiental? ¿O estamos condenados a este despiche para siempre? ¡Los leo!
Aquí es donde la vara se pone color de hormiga. El nudo gordiano, la pega, la piedra en el zapato, es que el tramo más problemático de la Ruta 32 atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. Y por ley, un Parque Nacional es casi intocable. Chaves lo dijo clarito: están atados de manos. No pueden llegar con maquinaria a podar árboles que parecen a punto de caer, ni a limpiar los taludes de forma preventiva, ni a construir las obras de ingeniería que se necesitan porque, ¡sorpresa!, la misma legislación que protege esa joya de bosque es la que nos tiene en este ciclo eterno de derrumbe-cierre-limpieza-apertura-derrumbe. Es una torta legislativa que llevamos décadas pagando, donde se creó un parque para proteger la zona de la deforestación que causaría la carretera, pero sin un plan B para cuando la naturaleza, diay, hiciera lo suyo.
La directriz de Chaves es que Tattenbach tenga listo un borrador de ley para noviembre, cuando el Gobierno tome el control de la agenda del Congreso en las sesiones extraordinarias. La idea es simple, pero explosiva: crear una excepción legal que permita intervenciones serias. Habló de “terraceados” y de “lo que los ingenieros digan qué hay que hacer”. O sea, darle potestad al MOPT y al CONAVI para que vayan más allá de solo recoger la tierra que ya se cayó. El mismo presidente ya está cantando el pleito que se viene, y hasta le puso nombre y apellido a la futura oposición, mencionando al diputado frenteamplista Ariel Robles y al excandidato Edgardo Araya. Sabe que tocar un Parque Nacional, aunque sea para evitar una tragedia, es meterse en un panal de avispas y que el grito de “ecocidio” se va a oír hasta la Isla del Coco.
Mientras tanto, el MOPT no está de brazos cruzados. El ministro Efraím Zeledón confirmó que ya adjudicaron estudios de geotecnia y topografía por $35 millones (que vienen de un programa de emergencias) para peinar toda la zona desde el túnel Zurquí hasta el río Sucio. El brete de ellos es identificar los puntos críticos y diseñar las soluciones. Zeledón, obviamente, le dio la bienvenida a la propuesta de ley de Chaves, porque de nada sirve tener los diseños más cargas si a la hora de la hora no pueden ni mover una ramita sin meterse en un broncón legal. Es como tener la plata para comprar el carro, pero no tener la licencia para manejarlo. El diagnóstico está claro, la plata parece que está, pero falta el permiso para operar.
Al final, todo este enredo técnico y político aterriza en la vida del costarricense de a pie: el trailero que pierde días de brete, el empresario que no puede exportar, la familia que quiere ir a la playa, el mae de la piñera que necesita mover su producto. La constante de esta semana –abren a las 5 a.m., cierran a mediodía, reabren a las 2 p.m.– es la prueba viviente del caos. Obliga a todo el mundo a dar la vuelta larguísima por Turrialba o Vara Blanca, gastando más gasolina y tiempo. Diay, el que le toca viajar por ahí, ¡qué sal! La situación es insostenible y, aunque la propuesta de Chaves es controversial, al menos pone el dedo en la llaga. Maes, y aquí la pregunta del millón: ¿Se puede meterle mano al Braulio Carrillo para salvar la Ruta 32 sin jalarse una torta ambiental? ¿O estamos condenados a este despiche para siempre? ¡Los leo!
