Maes, agárrense porque la novela del presupuesto nacional ya arrancó con todo. Este lunes, el Ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, se mandó a Cuesta de Moras para entregarle a Rodrigo Arias el borrador de la que será la última repartición de plata de esta administración. Y la vara es que este no es cualquier presupuesto; es, básicamente, el legado financiero que le van a heredar al gobierno que entre en mayo de 2026. Es como si alguien te prestara el carro, pero te dejara el tanque casi vacío y una lista de arreglos pendientes en la guantera. La discusión que se viene va a estar buena, porque define con qué herramientas (o con qué deudas) va a empezar a jugar el próximo equipo.
Vamos a los números, que es donde la cosa se pone interesante. El plan para el 2026 es gastar ¢12,8 billones. Sí, con “b” de “bastante”. Esto es un poquito más que el presupuesto de este año, que fue de ¢12,4 billones. Según Lucke, este aumento no es para menos, porque la plata extra va directo a tres áreas que nos tienen con el pelo de punta a todos: seguridad, educación y protección social. Habló de ¢200.000 millones más para educación (que buena falta hacen), ¢50.060 millones adicionales para seguridad y ¢109.000 millones para el área social. En el papel, suena bien. El ministro lo vendió como un "proyecto país" y un acto de "responsabilidad". El chunche es que el diablo, como siempre, está en los detalles de cómo se va a pagar todo esto.
Y diay, aquí es donde a más de uno se le frunce el ceño. Del total de ese platal, solo el 61,3% va a salir de lo que todos pagamos en impuestos. ¿Y el resto? Pues, el 39,7% que falta se va a cubrir con más deuda, tanto interna como externa. Para ponerlo en arroz y frijoles: de cada 100 colones que el Gobierno planea gastar, casi 40 son prestados. Estamos hablando de ¢4,8 billones que se van a sumar a la cuenta. Es una tarjeta de crédito con un límite bastante generoso, que obviamente alguien tendrá que pagar en el futuro. Esto pone sobre la mesa la eterna pregunta: ¿estamos invirtiendo para crecer o simplemente pateando la bola para adelante, esperando que el próximo gobierno se encargue del despiche?
Como era de esperarse, en la Asamblea Legislativa no se comieron el cuento tan fácil. La diputada Paulina Ramírez, que además es la jefa de la Comisión de Hacendarios, ya tiró la primera piedra. Dijo que espera un presupuesto "balanceado", porque siente que en los últimos años la balanza se ha inclinado mucho hacia lo fiscal, dejando los programas sociales medio cojeando. Dejó clarísimo que van a revisar con lupa si los aumentos propuestos realmente alcanzan para hacerle frente a la crisis de seguridad que vivimos y al desastre en educación. Rodrigo Arias, el presidente del Congreso, le hizo eco, diciendo que este presupuesto tiene que reflejar esa necesidad tan “sentida” de invertir en la gente sin descuidar el equilibrio fiscal. El brete que tienen en esa comisión no va a ser nada fácil.
Al final del día, este proyecto de presupuesto es mucho más que un montón de números en un documento. Es una declaración de intenciones y la última jugada política de peso de esta administración. Es la cancha sobre la que el nuevo gobierno tendrá que jugar sus primeros partidos, quiéralo o no. La discusión apenas comienza y va a ser un campo de batalla para definir qué país queremos y, más importante aún, qué país podemos pagar. La gran pregunta es si las buenas intenciones de más plata para educación y seguridad son sostenibles con un nivel de endeudamiento tan alto. La respuesta la veremos en los próximos meses de tira y encoje en el Congreso.
Pero bueno, maes, ahora les toca a ustedes opinar. ¿Creen que este presupuesto es un cierre responsable de la administración o nos están dejando una bomba de tiempo con tanta deuda? ¿Realmente alcanza esa plata para empezar a apagar los incendios que tenemos en seguridad y educación? ¡Los leo en los comentarios!
Vamos a los números, que es donde la cosa se pone interesante. El plan para el 2026 es gastar ¢12,8 billones. Sí, con “b” de “bastante”. Esto es un poquito más que el presupuesto de este año, que fue de ¢12,4 billones. Según Lucke, este aumento no es para menos, porque la plata extra va directo a tres áreas que nos tienen con el pelo de punta a todos: seguridad, educación y protección social. Habló de ¢200.000 millones más para educación (que buena falta hacen), ¢50.060 millones adicionales para seguridad y ¢109.000 millones para el área social. En el papel, suena bien. El ministro lo vendió como un "proyecto país" y un acto de "responsabilidad". El chunche es que el diablo, como siempre, está en los detalles de cómo se va a pagar todo esto.
Y diay, aquí es donde a más de uno se le frunce el ceño. Del total de ese platal, solo el 61,3% va a salir de lo que todos pagamos en impuestos. ¿Y el resto? Pues, el 39,7% que falta se va a cubrir con más deuda, tanto interna como externa. Para ponerlo en arroz y frijoles: de cada 100 colones que el Gobierno planea gastar, casi 40 son prestados. Estamos hablando de ¢4,8 billones que se van a sumar a la cuenta. Es una tarjeta de crédito con un límite bastante generoso, que obviamente alguien tendrá que pagar en el futuro. Esto pone sobre la mesa la eterna pregunta: ¿estamos invirtiendo para crecer o simplemente pateando la bola para adelante, esperando que el próximo gobierno se encargue del despiche?
Como era de esperarse, en la Asamblea Legislativa no se comieron el cuento tan fácil. La diputada Paulina Ramírez, que además es la jefa de la Comisión de Hacendarios, ya tiró la primera piedra. Dijo que espera un presupuesto "balanceado", porque siente que en los últimos años la balanza se ha inclinado mucho hacia lo fiscal, dejando los programas sociales medio cojeando. Dejó clarísimo que van a revisar con lupa si los aumentos propuestos realmente alcanzan para hacerle frente a la crisis de seguridad que vivimos y al desastre en educación. Rodrigo Arias, el presidente del Congreso, le hizo eco, diciendo que este presupuesto tiene que reflejar esa necesidad tan “sentida” de invertir en la gente sin descuidar el equilibrio fiscal. El brete que tienen en esa comisión no va a ser nada fácil.
Al final del día, este proyecto de presupuesto es mucho más que un montón de números en un documento. Es una declaración de intenciones y la última jugada política de peso de esta administración. Es la cancha sobre la que el nuevo gobierno tendrá que jugar sus primeros partidos, quiéralo o no. La discusión apenas comienza y va a ser un campo de batalla para definir qué país queremos y, más importante aún, qué país podemos pagar. La gran pregunta es si las buenas intenciones de más plata para educación y seguridad son sostenibles con un nivel de endeudamiento tan alto. La respuesta la veremos en los próximos meses de tira y encoje en el Congreso.
Pero bueno, maes, ahora les toca a ustedes opinar. ¿Creen que este presupuesto es un cierre responsable de la administración o nos están dejando una bomba de tiempo con tanta deuda? ¿Realmente alcanza esa plata para empezar a apagar los incendios que tenemos en seguridad y educación? ¡Los leo en los comentarios!
