Diay, maes, parece que la vara con la basura se está poniendo color de hormiga. Catorce alcaldes de la GAM, incluyendo peces gordos como Diego Miranda de Chepe y la alcaldesa de Heredia, le están pidiendo cacao al presi Rodrigo Chaves. ¿La razón? El nuevo decreto para el manejo de residuos sólidos los tiene contra la pared, y dicen que, así como está el panorama, la cosa simplemente no va a funcionar. Básicamente, le están diciendo al Gobierno: “Todo bien con querer ordenar la casa, pero nos dieron una escoba sin cerdas y tres minutos para limpiar un estadio”.
El meollo del asunto es el Decreto Ejecutivo N.° 44974-S, que, aunque suena muy progre y ecológico en papel, en la práctica parece un dolor de cabeza nivel épico para las munis. Las nuevas reglas son súper estrictas: que los rellenos no pueden estar a más de 80 km del punto de recolección, que tienen que estar a más de 500 metros de escuelas y hospitales, y que hay que aumentar el reciclaje valorizable del 4% actual a un 25%. Cualquiera diría que suena bien, ¿verdad? El problema, según los alcaldes, es que cumplir con ese chorizo de reglas con los plazos que les dieron es, textualmente, “inviable”. Es el equivalente a que te pidan construir una casa en una semana solo con un martillo y un serrucho.
Y como siempre, la pregunta del millón: ¿quién paga esta fiesta? Porque montar estaciones de transferencia, encontrar terrenos que cumplan las nuevas normativas y modernizar todo el sistema de recolección no se paga con buenas intenciones. Los alcaldes están con el pelo parado pensando en los costos que esta movida le va a clavar no solo a las municipalidades, sino directamente a nosotros, los usuarios. A eso súmenle las multas: si no presentan un reporte a tiempo, ¡zas!, casi medio millón de colones de multa y hasta riesgo de clausura. Si se les ocurre llevar la basura a otra región sin permiso, les pueden hasta quitar las placas de los camiones. Es un sistema de garrote sin zanahoria, y la cuerda siempre se rompe por lo más delgado.
Diego Miranda, el alcalde de San José, lo puso clarito: lo que buscan es un “punto de equilibrio” con “plazos realistas y metas verificables”. No se están oponiendo a la modernización, pero sí están pidiendo que no los manden a la guerra con un tirador. La lista de firmantes no es para tomarla a la ligera; están los alcaldes de Desampa, Moravia, Escazú, Curridabat, Goicoechea... prácticamente un batallón de líderes locales de la GAM que saben que si este plan se va al traste, el despiche con la basura en las calles será monumental y los primeros culpables a ojos de la gente serán ellos, no un decreto firmado en un escritorio.
Al final, la pelota está en la cancha de Zapote. Por un lado, tenemos a la ministra de Salud, Mary Munive, diciendo que esto es una emergencia, que se necesita un cambio de cultura y que el trabajo en conjunto es la clave. Por otro, catorce gobiernos locales advirtiendo que la “clave” que les dieron no abre ninguna puerta, sino que más bien parece que los va a dejar encerrados en un cuarto lleno de basura. La intención del Gobierno puede ser buena, pero la ejecución parece estar dejando mucho que desear. Ahora solo queda esperar a ver si Chaves les abre la puerta para dialogar o si la orden es cumplir a como dé lugar, aunque eso signifique un caos anunciado.
¿Ustedes qué opinan, maes? ¿Son los alcaldes que no quieren hacer el brete o es el Gobierno que se jaló una torta con un decreto imposible de cumplir? ¿Quién tiene la razón en este despiche de la basura?
El meollo del asunto es el Decreto Ejecutivo N.° 44974-S, que, aunque suena muy progre y ecológico en papel, en la práctica parece un dolor de cabeza nivel épico para las munis. Las nuevas reglas son súper estrictas: que los rellenos no pueden estar a más de 80 km del punto de recolección, que tienen que estar a más de 500 metros de escuelas y hospitales, y que hay que aumentar el reciclaje valorizable del 4% actual a un 25%. Cualquiera diría que suena bien, ¿verdad? El problema, según los alcaldes, es que cumplir con ese chorizo de reglas con los plazos que les dieron es, textualmente, “inviable”. Es el equivalente a que te pidan construir una casa en una semana solo con un martillo y un serrucho.
Y como siempre, la pregunta del millón: ¿quién paga esta fiesta? Porque montar estaciones de transferencia, encontrar terrenos que cumplan las nuevas normativas y modernizar todo el sistema de recolección no se paga con buenas intenciones. Los alcaldes están con el pelo parado pensando en los costos que esta movida le va a clavar no solo a las municipalidades, sino directamente a nosotros, los usuarios. A eso súmenle las multas: si no presentan un reporte a tiempo, ¡zas!, casi medio millón de colones de multa y hasta riesgo de clausura. Si se les ocurre llevar la basura a otra región sin permiso, les pueden hasta quitar las placas de los camiones. Es un sistema de garrote sin zanahoria, y la cuerda siempre se rompe por lo más delgado.
Diego Miranda, el alcalde de San José, lo puso clarito: lo que buscan es un “punto de equilibrio” con “plazos realistas y metas verificables”. No se están oponiendo a la modernización, pero sí están pidiendo que no los manden a la guerra con un tirador. La lista de firmantes no es para tomarla a la ligera; están los alcaldes de Desampa, Moravia, Escazú, Curridabat, Goicoechea... prácticamente un batallón de líderes locales de la GAM que saben que si este plan se va al traste, el despiche con la basura en las calles será monumental y los primeros culpables a ojos de la gente serán ellos, no un decreto firmado en un escritorio.
Al final, la pelota está en la cancha de Zapote. Por un lado, tenemos a la ministra de Salud, Mary Munive, diciendo que esto es una emergencia, que se necesita un cambio de cultura y que el trabajo en conjunto es la clave. Por otro, catorce gobiernos locales advirtiendo que la “clave” que les dieron no abre ninguna puerta, sino que más bien parece que los va a dejar encerrados en un cuarto lleno de basura. La intención del Gobierno puede ser buena, pero la ejecución parece estar dejando mucho que desear. Ahora solo queda esperar a ver si Chaves les abre la puerta para dialogar o si la orden es cumplir a como dé lugar, aunque eso signifique un caos anunciado.
¿Ustedes qué opinan, maes? ¿Son los alcaldes que no quieren hacer el brete o es el Gobierno que se jaló una torta con un decreto imposible de cumplir? ¿Quién tiene la razón en este despiche de la basura?
