Diay, maes, agárrense duro porque la noticia que soltó la Contraloría General de la República (CGR) no es para tomarse con un cafecito. Es más bien de esas que le amargan a uno el gallo pinto. Resulta que el ente contralor revisó las cuentas del Gobierno del 2024 y, para decirlo en buen tico, lo que encontró fue un despiche monumental. No es una exageración, estamos hablando de inconsistencias por billones de colones que hacen que los estados financieros del país sean menos confiables que promesa de político en campaña.
Vamos por partes, porque la vara es compleja. El informe de la CGR es clarísimo: los números que presentó el Gobierno no pegan ni con chicle. El primer round de este pleito contable es contra la Caja. Imagínense que entre lo que el Gobierno dice que le debe a la CCSS y lo que la Caja dice que le tienen que pagar, hay una "pequeña" diferencia de 244.747 millones de colones. ¡Casi un cuarto de billón! Esto no es un error de dedo en una calculadora, mae. Es una torta garrafal que demuestra un desorden preocupante en el manejo de una de las deudas más sagradas que tiene el Estado. Es como si usted y su compa no se pusieran de acuerdo sobre si le debe una harina o la hipoteca completa de la choza.
Pero ahí no para el tren del desastre. Si lo de la Caja les pareció un montón de plata, esperen a oír lo del Fodesaf. Según la Contraloría, el Gobierno reportó una deuda con este fondo que es ₡1.029.677 millones —sí, leyó bien, más de un billón de colones— INFERIOR a la que realmente es. O sea, se jalaron una torta de un millón de millones. Con este nivel de inconsistencia, cualquier plan para ayudar a las familias más necesitadas se puede ir al traste, porque se estaría construyendo sobre una base financiera que es una completa mentira. ¿Cómo se toman decisiones serias para el país si ni siquiera se sabe cuánta plata se debe de verdad?
Y cuando uno cree que ya no puede ser peor, viene el capítulo de los bienes perdidos. La Contraloría detectó que faltan por registrar o están mal anotados activos por ₡17.4 BILLONES. Aquí la cosa se pone casi surrealista: estamos hablando de que al menos 3.554 propiedades donde hay escuelas y colegios no aparecen bien registradas. ¡Se les "perdieron" más de tres mil centros educativos! Además, hay 23 carreteras nacionales que andan en un limbo contable y casi un billón de colones en infraestructura vial que no se actualiza desde el 2015. Es como si el Estado tuviera un montón de chunches valiosísimos guardados en el clóset y ni supiera que existen.
Al final del día, más allá de los números que marean, esta vara es un golpe directo a la confianza. Este informe de la Contraloría no es solo un regaño técnico para el Ministro de Hacienda; es una bandera roja gigante para todos los ciudadanos. Nos dice que la información con la que se toman decisiones vitales para el futuro de Costa Rica es, en el mejor de los casos, un rompecabezas al que le faltan piezas millonarias. Sin datos confiables, el brete de gobernar se convierte en un acto de fe ciega, y la plata de todos nosotros queda en un limbo de incertidumbre. Así, la rendición de cuentas se vuelve puro cuento.
Maes, la verdad es que esto deja un sinsabor terrible. Más allá del enojo inicial, ¿qué creen que debería pasar ahora? ¿Un simple jalón de orejas a los responsables en Hacienda o esto ya amerita consecuencias mucho más serias? ¿Se ha vuelto normal este nivel de desorden con la plata de todos?
Vamos por partes, porque la vara es compleja. El informe de la CGR es clarísimo: los números que presentó el Gobierno no pegan ni con chicle. El primer round de este pleito contable es contra la Caja. Imagínense que entre lo que el Gobierno dice que le debe a la CCSS y lo que la Caja dice que le tienen que pagar, hay una "pequeña" diferencia de 244.747 millones de colones. ¡Casi un cuarto de billón! Esto no es un error de dedo en una calculadora, mae. Es una torta garrafal que demuestra un desorden preocupante en el manejo de una de las deudas más sagradas que tiene el Estado. Es como si usted y su compa no se pusieran de acuerdo sobre si le debe una harina o la hipoteca completa de la choza.
Pero ahí no para el tren del desastre. Si lo de la Caja les pareció un montón de plata, esperen a oír lo del Fodesaf. Según la Contraloría, el Gobierno reportó una deuda con este fondo que es ₡1.029.677 millones —sí, leyó bien, más de un billón de colones— INFERIOR a la que realmente es. O sea, se jalaron una torta de un millón de millones. Con este nivel de inconsistencia, cualquier plan para ayudar a las familias más necesitadas se puede ir al traste, porque se estaría construyendo sobre una base financiera que es una completa mentira. ¿Cómo se toman decisiones serias para el país si ni siquiera se sabe cuánta plata se debe de verdad?
Y cuando uno cree que ya no puede ser peor, viene el capítulo de los bienes perdidos. La Contraloría detectó que faltan por registrar o están mal anotados activos por ₡17.4 BILLONES. Aquí la cosa se pone casi surrealista: estamos hablando de que al menos 3.554 propiedades donde hay escuelas y colegios no aparecen bien registradas. ¡Se les "perdieron" más de tres mil centros educativos! Además, hay 23 carreteras nacionales que andan en un limbo contable y casi un billón de colones en infraestructura vial que no se actualiza desde el 2015. Es como si el Estado tuviera un montón de chunches valiosísimos guardados en el clóset y ni supiera que existen.
Al final del día, más allá de los números que marean, esta vara es un golpe directo a la confianza. Este informe de la Contraloría no es solo un regaño técnico para el Ministro de Hacienda; es una bandera roja gigante para todos los ciudadanos. Nos dice que la información con la que se toman decisiones vitales para el futuro de Costa Rica es, en el mejor de los casos, un rompecabezas al que le faltan piezas millonarias. Sin datos confiables, el brete de gobernar se convierte en un acto de fe ciega, y la plata de todos nosotros queda en un limbo de incertidumbre. Así, la rendición de cuentas se vuelve puro cuento.
Maes, la verdad es que esto deja un sinsabor terrible. Más allá del enojo inicial, ¿qué creen que debería pasar ahora? ¿Un simple jalón de orejas a los responsables en Hacienda o esto ya amerita consecuencias mucho más serias? ¿Se ha vuelto normal este nivel de desorden con la plata de todos?
