Maes, a veces uno lee noticias que simplemente le vuelan la cabeza por lo absurdas que suenan, y esta es una de esas. Resulta que el famoso (o más bien, infame) centro de detención de migrantes en Florida, al que apodan el “Alcatraz de los Caimanes”, va a seguir operando. Así como lo leen. Justo el mes pasado, una jueza con todas las de la ley había dicho: “cierren ese chunche”, ordenando el desmantelamiento de casi todo y prohibiendo que metieran a más gente ahí. Parecía una victoria para los derechos humanos y el medio ambiente, ¿verdad? Pues diay, parece que en el sistema legal gringo, un “no” a veces es solo un “espérese un toquecito”.
La vara es que la administración de Trump, que no se queda quieta, metió un recurso de apelación más rápido que un rayo. Y ahora, un panel de tres jueces de apelaciones decidió que, mientras se resuelve todo ese despiche legal, el centro puede seguir funcionando como si nada. ¡Qué torta! Todo el esfuerzo de las asociaciones ambientalistas como Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y hasta la tribu local Miccosukee, que argumentaron que ese lugar era una amenaza para el ecosistema de los humedales, quedó en pausa. El plan de cerrarlo, por ahora, se fue al traste. Y lo peor es que su argumento tiene todo el sentido del mundo: montaron esa cárcel improvisada en un aeródromo abandonado en solo ocho días, sin estudios de impacto ambiental ni nada que se le parezca.
Y es que no estamos hablando de un hotel cinco estrellas. Este lugar es un complejo de tiendas de campaña gigantes, blancas, donde tienen a la gente en celdas hechas con vallas de alambre y literas. Varios detenidos ya habían denunciado a la AFP las condiciones terribles: falta de atención médica, malos tratos de los guardias y una violación constante a sus derechos. Es el tipo de lugar que uno ve en una película y piensa “qué exagerado”, pero es real. Para ponerle la cereza al pastel, el mismo Trump visitó el lugar y hasta bromeó con que los caimanes de la zona iban a servir de “guardias”. Hay que tener un humor bien particular para soltar algo así.
¡Qué sal la de esta gente, en serio! Pasaron de tener una luz de esperanza con la orden de cierre a volver a la misma incertidumbre de siempre. La idea era meter ahí a unos 3.000 migrantes indocumentados, según la secretaria de Seguridad Nacional. Renata Bozzetto, de la Florida Immigrant Coalition, lo dijo clarísimo: es “absolutamente desalentador” que un lugar que ha causado tanto dolor siga abierto. Y tiene toda la razón. Esto no se trata solo de un pleito legal sobre permisos de construcción; se trata de la dignidad de miles de personas atrapadas en un limbo.
Al final, este vaivén legal deja una sensación amarga. Mientras los abogados y los políticos juegan ajedrez, hay seres humanos viviendo en condiciones deplorables en medio de un ecosistema que también está en riesgo. La decisión del tribunal de apelaciones no es un “sí” definitivo, pero es suficiente para mantener la maquinaria del dolor andando un rato más. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿hasta qué punto las formalidades legales pueden justificar mantener un lugar así abierto, aunque sea temporalmente? ¿Pesa más un recurso de apelación que el bienestar de las personas y del ambiente?
Ahí se las dejo para que la piensen. ¿Ustedes qué opinan, foreros? ¿Es esto un simple trámite legal o un ejemplo de cómo el sistema le falla a los más vulnerables?
La vara es que la administración de Trump, que no se queda quieta, metió un recurso de apelación más rápido que un rayo. Y ahora, un panel de tres jueces de apelaciones decidió que, mientras se resuelve todo ese despiche legal, el centro puede seguir funcionando como si nada. ¡Qué torta! Todo el esfuerzo de las asociaciones ambientalistas como Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y hasta la tribu local Miccosukee, que argumentaron que ese lugar era una amenaza para el ecosistema de los humedales, quedó en pausa. El plan de cerrarlo, por ahora, se fue al traste. Y lo peor es que su argumento tiene todo el sentido del mundo: montaron esa cárcel improvisada en un aeródromo abandonado en solo ocho días, sin estudios de impacto ambiental ni nada que se le parezca.
Y es que no estamos hablando de un hotel cinco estrellas. Este lugar es un complejo de tiendas de campaña gigantes, blancas, donde tienen a la gente en celdas hechas con vallas de alambre y literas. Varios detenidos ya habían denunciado a la AFP las condiciones terribles: falta de atención médica, malos tratos de los guardias y una violación constante a sus derechos. Es el tipo de lugar que uno ve en una película y piensa “qué exagerado”, pero es real. Para ponerle la cereza al pastel, el mismo Trump visitó el lugar y hasta bromeó con que los caimanes de la zona iban a servir de “guardias”. Hay que tener un humor bien particular para soltar algo así.
¡Qué sal la de esta gente, en serio! Pasaron de tener una luz de esperanza con la orden de cierre a volver a la misma incertidumbre de siempre. La idea era meter ahí a unos 3.000 migrantes indocumentados, según la secretaria de Seguridad Nacional. Renata Bozzetto, de la Florida Immigrant Coalition, lo dijo clarísimo: es “absolutamente desalentador” que un lugar que ha causado tanto dolor siga abierto. Y tiene toda la razón. Esto no se trata solo de un pleito legal sobre permisos de construcción; se trata de la dignidad de miles de personas atrapadas en un limbo.
Al final, este vaivén legal deja una sensación amarga. Mientras los abogados y los políticos juegan ajedrez, hay seres humanos viviendo en condiciones deplorables en medio de un ecosistema que también está en riesgo. La decisión del tribunal de apelaciones no es un “sí” definitivo, pero es suficiente para mantener la maquinaria del dolor andando un rato más. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿hasta qué punto las formalidades legales pueden justificar mantener un lugar así abierto, aunque sea temporalmente? ¿Pesa más un recurso de apelación que el bienestar de las personas y del ambiente?
Ahí se las dejo para que la piensen. ¿Ustedes qué opinan, foreros? ¿Es esto un simple trámite legal o un ejemplo de cómo el sistema le falla a los más vulnerables?
