Maes, hablemos paja un toque. ¿Se acuerdan de la eterna discusión de si ser Uber es un brete formal o si uno es un “socio colaborador” que anda por la libre? Bueno, parece que al Tribunal de Apelación de Trabajo ya se le acabó la paciencia con ese cuento y decidió ponerle el cascabel al gato. Resulta que un fallo reciente le dio la razón a un chofer, reconociendo que sí, que entre él y la plataforma había una relación laboral con todas las de ley, aunque estuviera maquillada de otra cosa. Y aunque para el conductor esto es una victoria, la decisión destapó una olla de grillos que va mucho más allá: el despiche fiscal y el hueco millonario que este modelo le está dejando a la Caja y a Hacienda. ¡Qué torta!
Aquí es donde la vara se pone seria. Un abogado tributario, Gabriel Zamora Baudrit, se puso a hacer números y, diay, el panorama es para sentarse a llorar. Resulta que por cada chofer que anda en la informalidad, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) deja de recibir la plata para el régimen de pensiones (el famoso IVM) y para el seguro de salud. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda se queda viendo para el ciprés, porque no recibe ni un cinco de impuesto sobre la renta de los conductores ni del consumo ligado al servicio. Según Zamora, este modelo no solo precariza a los maes que andan manejando, sino que nos está precarizando a todos al debilitar la seguridad social y las finanzas del Estado. Es un secreto a voces que este sistema informal es una bomba de tiempo, pero ahora con un fallo judicial de por medio, ya no se puede seguir pateando la bola.
La solución que a todo el mundo se le ocurre de primera entrada es la más obvia: “¡Que Uber pague como cualquier otro patrono y listo!”. Suena fácil, ¿verdad? El problema es que esa “solución” podría ser peor que la enfermedad. Si se le obliga a las plataformas a pagar todas las cargas de un brete tradicional —la cuota patronal de la CCSS (un salvaje 26,67%), aguinaldo, vacaciones, cesantía, pólizas y todo el chunche— el costo se dispararía a más del 50% del ingreso del chofer. ¿El resultado más probable? Las plataformas agarran sus chereques y se van del país porque el negocio deja de ser viable. Y de un pronto a otro, miles de personas que dependen de ese ingreso para parar la olla se quedan sin nada. El plan se nos iría al traste por completo.
Pero en medio de todo este enredo, cuando parecía que estábamos entre la espada y la pared, el mismo Zamora se saca de la manga una alternativa que es, francamente, ¡qué nivel! El mae propone una tercera vía, una jugada maestra para formalizar a los choferes sin quebrar a las plataformas. La idea es que los conductores se organicen en una comunidad laboral, ya sea como una Sociedad Anónima Laboral o una Cooperativa Autogestionaria. Esto les permitiría, como grupo, negociar un convenio colectivo con la Caja para asegurarse y cotizar para su pensión, contratar su propia póliza de riesgos del trabajo y registrarse como contribuyentes formales ante Hacienda. Es una formalización en toda regla.
Y aquí viene la genialidad, la parte más carga de la propuesta: bajo este modelo de cooperativa o sociedad laboral, ¡no se paga la bendita cuota patronal del 26,67%! Esto le quita una presión económica gigantesca al sistema y lo hace sostenible. De esta forma, ganan todos: los choferes salen de la precariedad y acceden a seguridad social. La Caja y Hacienda finalmente empiezan a recaudar la plata que por ley les corresponde y que hoy se esfuma en la informalidad. Y las plataformas pueden seguir operando sin que sus costos se disparen al cielo, manteniendo una fuente de brete para miles de ticos. Es una de esas varas que parece demasiado buena para ser verdad, pero que legal y financieramente tiene todo el sentido del mundo.
Al final, este fallo judicial fue el empujón que el país necesitaba para dejar de hacerse el loco con la economía de plataformas. La pregunta del millón ahora es: ¿tendrán los choferes, las plataformas y el Gobierno la madurez para sentarse a negociar y montar una solución tan chiva como esta? ¿O vamos a seguir en el mismo despiche hasta que la bomba termine de explotar? ¿Ustedes qué opinan, maes?
Aquí es donde la vara se pone seria. Un abogado tributario, Gabriel Zamora Baudrit, se puso a hacer números y, diay, el panorama es para sentarse a llorar. Resulta que por cada chofer que anda en la informalidad, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) deja de recibir la plata para el régimen de pensiones (el famoso IVM) y para el seguro de salud. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda se queda viendo para el ciprés, porque no recibe ni un cinco de impuesto sobre la renta de los conductores ni del consumo ligado al servicio. Según Zamora, este modelo no solo precariza a los maes que andan manejando, sino que nos está precarizando a todos al debilitar la seguridad social y las finanzas del Estado. Es un secreto a voces que este sistema informal es una bomba de tiempo, pero ahora con un fallo judicial de por medio, ya no se puede seguir pateando la bola.
La solución que a todo el mundo se le ocurre de primera entrada es la más obvia: “¡Que Uber pague como cualquier otro patrono y listo!”. Suena fácil, ¿verdad? El problema es que esa “solución” podría ser peor que la enfermedad. Si se le obliga a las plataformas a pagar todas las cargas de un brete tradicional —la cuota patronal de la CCSS (un salvaje 26,67%), aguinaldo, vacaciones, cesantía, pólizas y todo el chunche— el costo se dispararía a más del 50% del ingreso del chofer. ¿El resultado más probable? Las plataformas agarran sus chereques y se van del país porque el negocio deja de ser viable. Y de un pronto a otro, miles de personas que dependen de ese ingreso para parar la olla se quedan sin nada. El plan se nos iría al traste por completo.
Pero en medio de todo este enredo, cuando parecía que estábamos entre la espada y la pared, el mismo Zamora se saca de la manga una alternativa que es, francamente, ¡qué nivel! El mae propone una tercera vía, una jugada maestra para formalizar a los choferes sin quebrar a las plataformas. La idea es que los conductores se organicen en una comunidad laboral, ya sea como una Sociedad Anónima Laboral o una Cooperativa Autogestionaria. Esto les permitiría, como grupo, negociar un convenio colectivo con la Caja para asegurarse y cotizar para su pensión, contratar su propia póliza de riesgos del trabajo y registrarse como contribuyentes formales ante Hacienda. Es una formalización en toda regla.
Y aquí viene la genialidad, la parte más carga de la propuesta: bajo este modelo de cooperativa o sociedad laboral, ¡no se paga la bendita cuota patronal del 26,67%! Esto le quita una presión económica gigantesca al sistema y lo hace sostenible. De esta forma, ganan todos: los choferes salen de la precariedad y acceden a seguridad social. La Caja y Hacienda finalmente empiezan a recaudar la plata que por ley les corresponde y que hoy se esfuma en la informalidad. Y las plataformas pueden seguir operando sin que sus costos se disparen al cielo, manteniendo una fuente de brete para miles de ticos. Es una de esas varas que parece demasiado buena para ser verdad, pero que legal y financieramente tiene todo el sentido del mundo.
Al final, este fallo judicial fue el empujón que el país necesitaba para dejar de hacerse el loco con la economía de plataformas. La pregunta del millón ahora es: ¿tendrán los choferes, las plataformas y el Gobierno la madurez para sentarse a negociar y montar una solución tan chiva como esta? ¿O vamos a seguir en el mismo despiche hasta que la bomba termine de explotar? ¿Ustedes qué opinan, maes?
