Maes, a veces uno lee noticias que simplemente le vuelan la cabeza, y no para bien. Hay que sentarse un toque y procesar la información para no terminar tirando el café contra la pared. La última joyita viene, cómo no, de un informe de la Contraloría, y el protagonista es el PANI. Resulta que se montó un fideicomiso de QUINCE MIL MILLONES de colones para construir y arreglar infraestructura. ¿El resultado? Cero obras. Ni un solo bloque pegado. Pero eso sí, se gastaron más de ₡560 millones en "gastos administrativos". Diay, ¿qué es esa vara? Es el equivalente a contratar un servicio de catering para una fiesta que nunca se hizo, pero igual pagarle al chef, al mesero y hasta al que inflaba los globos. ¡Qué despiche más monumental!
Vamos por partes, porque el enredo es digno de estudio. En 2019, con bombos y platillos, se armó este fideicomiso con el Banco Nacional para levantar 38 chunches, entre oficinas y albergues que, seamos honestos, urgen como no tienen idea. Llegó el 2024 y, en lugar de cortar cintas e inaugurar edificios, lo que hicieron fue cerrar el fideicomiso "amistosamente". Así, como quien termina una mejenga empatada. El plan entero se fue al traste. Las excusas son casi un chiste: la pandemia, la guerra en Ucrania y una orden del Gobierno. O sea, todo menos una pizca de autocrítica o planificación. Mientras tanto, de los ₡561,8 melones que sí se ejecutaron, un 60% se fue en comisiones y auditorías. Un negocio redondo para todos, menos para los güilas que siguen esperando un lugar decente y seguro.
Y aquí es donde la cosa se pone más fea, porque esto no es solo plata perdida. Es un golpe directo a la dignidad de los niños y adolescentes en riesgo. El mismo informe de la Contraloría pinta una foto que da cólera: casi un 19% de los albergues propios están en estado "crítico o inservible". ¡Ins-er-vi-ble! Y un montón más son "parcialmente inadecuados". Hablamos de hacinamiento, de salas de espera a la intemperie, de techos por donde se meten bichos. Y como no construyen nada, ¿cuál es la solución mágica? Alquilar. El PANI opera más de la mitad de sus inmuebles (un 56%) en locales alquilados, gastando más de ₡3.400 millones entre 2023 y 2024. Se paga una millonada, como ₡4.6 millones al mes en Heredia por una oficina calificada como "inadecuada", donde las visitas supervisadas se tienen que hacer en el parqueo. ¡En el parqueo, mae!
Lo más irónico es la "salida" que le dan ahora a esta torta que se jalonaron. La Presidencia Ejecutiva dice que el nuevo plan es reorientar el modelo hacia la "desinstitucionalización", restándole prioridad a la infraestructura física. Suena muy progre, ¿verdad? El problema, como bien señala la Contraloría, es que ese "giro de timón" no tiene ni un solo estudio técnico que lo respalde. No hay proyecciones, no hay análisis, no hay nada. Es básicamente decir: "como no pudimos construir, ahora vamos a decir que construir no era importante". Es una justificación a posteriori para un fracaso rotundo, ignorando que las oficinas locales, donde la gente va a poner denuncias y se da seguimiento, siguen siendo absolutamente clave para el brete que deben hacer.
Al final, la Contraloría ya les dejó una lista de tareas con fechas límite, ordenando a la Junta Directiva y a la Gerencia que se pongan las pilas y armen un plan de verdad. Pero la confianza queda por el suelo. Esta vara demuestra una incapacidad de gestión que asusta. No es solo un fideicomiso fallido; es el reflejo de un sistema que le falla a los más vulnerables. Se gastan millones en burocracia mientras los edificios se caen y los alquileres nos desangran. Así que la pregunta para el foro es seria: más allá de la indignación, ¿creemos realmente que este tipo de instituciones tienen arreglo o estamos frente a un problema estructural que ninguna orden de la Contraloría puede solucionar?
Vamos por partes, porque el enredo es digno de estudio. En 2019, con bombos y platillos, se armó este fideicomiso con el Banco Nacional para levantar 38 chunches, entre oficinas y albergues que, seamos honestos, urgen como no tienen idea. Llegó el 2024 y, en lugar de cortar cintas e inaugurar edificios, lo que hicieron fue cerrar el fideicomiso "amistosamente". Así, como quien termina una mejenga empatada. El plan entero se fue al traste. Las excusas son casi un chiste: la pandemia, la guerra en Ucrania y una orden del Gobierno. O sea, todo menos una pizca de autocrítica o planificación. Mientras tanto, de los ₡561,8 melones que sí se ejecutaron, un 60% se fue en comisiones y auditorías. Un negocio redondo para todos, menos para los güilas que siguen esperando un lugar decente y seguro.
Y aquí es donde la cosa se pone más fea, porque esto no es solo plata perdida. Es un golpe directo a la dignidad de los niños y adolescentes en riesgo. El mismo informe de la Contraloría pinta una foto que da cólera: casi un 19% de los albergues propios están en estado "crítico o inservible". ¡Ins-er-vi-ble! Y un montón más son "parcialmente inadecuados". Hablamos de hacinamiento, de salas de espera a la intemperie, de techos por donde se meten bichos. Y como no construyen nada, ¿cuál es la solución mágica? Alquilar. El PANI opera más de la mitad de sus inmuebles (un 56%) en locales alquilados, gastando más de ₡3.400 millones entre 2023 y 2024. Se paga una millonada, como ₡4.6 millones al mes en Heredia por una oficina calificada como "inadecuada", donde las visitas supervisadas se tienen que hacer en el parqueo. ¡En el parqueo, mae!
Lo más irónico es la "salida" que le dan ahora a esta torta que se jalonaron. La Presidencia Ejecutiva dice que el nuevo plan es reorientar el modelo hacia la "desinstitucionalización", restándole prioridad a la infraestructura física. Suena muy progre, ¿verdad? El problema, como bien señala la Contraloría, es que ese "giro de timón" no tiene ni un solo estudio técnico que lo respalde. No hay proyecciones, no hay análisis, no hay nada. Es básicamente decir: "como no pudimos construir, ahora vamos a decir que construir no era importante". Es una justificación a posteriori para un fracaso rotundo, ignorando que las oficinas locales, donde la gente va a poner denuncias y se da seguimiento, siguen siendo absolutamente clave para el brete que deben hacer.
Al final, la Contraloría ya les dejó una lista de tareas con fechas límite, ordenando a la Junta Directiva y a la Gerencia que se pongan las pilas y armen un plan de verdad. Pero la confianza queda por el suelo. Esta vara demuestra una incapacidad de gestión que asusta. No es solo un fideicomiso fallido; es el reflejo de un sistema que le falla a los más vulnerables. Se gastan millones en burocracia mientras los edificios se caen y los alquileres nos desangran. Así que la pregunta para el foro es seria: más allá de la indignación, ¿creemos realmente que este tipo de instituciones tienen arreglo o estamos frente a un problema estructural que ninguna orden de la Contraloría puede solucionar?
