Bueno, maes, pónganle atención a esta vara porque se puso seria. Así como lo oyen, la Asamblea Legislativa acaba de darle el primer “sí” a la que promete ser la solución definitiva contra el crimen o el chunche más polémico de los últimos años: la famosa megacárcel, que tiene el nombre oficial y rimbombante de Centro de Alta Contención (CACO). Con esta movida, los diputados soltaron los primeros ₡7.870 millones para que el proyecto empiece a caminar. La pregunta que nos queda en el aire es si este es el primer paso para recuperar la paz o si estamos a punto de meternos en un enredo carísimo y con resultados inciertos.
Diay, seamos honestos. La idea no sale de la nada. El país está hasta el cuello con la inseguridad y las cárceles actuales parecen más bien centros de operaciones para las bandas que sitios de rehabilitación. El Gobierno nos vende el CACO como la panacea: un monstruo de concreto de 90 mil metros cuadrados al lado de La Reforma, con capacidad para meter a 5.100 reos de “alta peligrosidad”. El concepto de “Alta Contención” suena a película de acción: control estricto, vigilancia permanente y aislamiento total para que los capos dejen de manejar sus negocios desde la celda. Es una copia al carbón, para nadie es un secreto, del modelo que le ha funcionado a otros en la región para bajar los homicidios a punta de mano dura.
Ahora, hablemos de lo que nos duele a todos: la plata. El chistecito completo nos va a costar, agárrense, ₡21 mil millones. ¡Veintiún mil millones de colones! Un platal que da para pensar en cuántas escuelas, EBAIS o programas de prevención del delito se podrían financiar. De momento, ya se aprobó el primer tracto para arrancar el brete. Pero ojo, que esto no es un cheque en blanco. La decisión todavía tiene que pasar un segundo debate, que es donde la cosa se puede poner color de hormiga. Es ahí donde veremos si los diputados se mantienen firmes o si la presión social y las dudas sobre el costo-beneficio pesan más.
Aquí es donde la vara se complica. Por un lado, una parte del país está desesperada y aplaude cualquier medida que suene a orden y control. La lógica es simple: si los malos están encerrados y sin comunicación, no pueden hacer daño. Pero por otro lado, hay un montón de gente, desde expertos en derechos humanos hasta criminólogos, que advierten que este tipo de soluciones son un parche que no resuelve el problema de fondo. ¿De qué sirve tener la cárcel más moderna si la desigualdad y la falta de oportunidades siguen fabricando delincuentes en serie? La pregunta del millón es si este chunche de cemento y acero es la verdadera cura, o si es solo el tratamiento más caro para un síntoma mientras la enfermedad sigue avanzando.
Al final, estamos en una encrucijada que podría definir el futuro de la seguridad en Costa Rica. La construcción del CACO es la apuesta más grande y riesgosa que ha hecho el país en décadas. Puede que en unos años estemos celebrando la baja en los índices de criminalidad, o puede que estemos lamentando un gasto monumental que no sirvió para nada y que, para colmo, generó otros problemas. El tema da para largo y tiene más aristas que un erizo. Por eso, maes, ahora les toca a ustedes: ¿Nos estamos comprando una solución de verdad o el elefante blanco más problemático de la década? ¿Ustedes qué dicen, es la jugada que nos salva o nos vamos a jalar una torta monumental?
Diay, seamos honestos. La idea no sale de la nada. El país está hasta el cuello con la inseguridad y las cárceles actuales parecen más bien centros de operaciones para las bandas que sitios de rehabilitación. El Gobierno nos vende el CACO como la panacea: un monstruo de concreto de 90 mil metros cuadrados al lado de La Reforma, con capacidad para meter a 5.100 reos de “alta peligrosidad”. El concepto de “Alta Contención” suena a película de acción: control estricto, vigilancia permanente y aislamiento total para que los capos dejen de manejar sus negocios desde la celda. Es una copia al carbón, para nadie es un secreto, del modelo que le ha funcionado a otros en la región para bajar los homicidios a punta de mano dura.
Ahora, hablemos de lo que nos duele a todos: la plata. El chistecito completo nos va a costar, agárrense, ₡21 mil millones. ¡Veintiún mil millones de colones! Un platal que da para pensar en cuántas escuelas, EBAIS o programas de prevención del delito se podrían financiar. De momento, ya se aprobó el primer tracto para arrancar el brete. Pero ojo, que esto no es un cheque en blanco. La decisión todavía tiene que pasar un segundo debate, que es donde la cosa se puede poner color de hormiga. Es ahí donde veremos si los diputados se mantienen firmes o si la presión social y las dudas sobre el costo-beneficio pesan más.
Aquí es donde la vara se complica. Por un lado, una parte del país está desesperada y aplaude cualquier medida que suene a orden y control. La lógica es simple: si los malos están encerrados y sin comunicación, no pueden hacer daño. Pero por otro lado, hay un montón de gente, desde expertos en derechos humanos hasta criminólogos, que advierten que este tipo de soluciones son un parche que no resuelve el problema de fondo. ¿De qué sirve tener la cárcel más moderna si la desigualdad y la falta de oportunidades siguen fabricando delincuentes en serie? La pregunta del millón es si este chunche de cemento y acero es la verdadera cura, o si es solo el tratamiento más caro para un síntoma mientras la enfermedad sigue avanzando.
Al final, estamos en una encrucijada que podría definir el futuro de la seguridad en Costa Rica. La construcción del CACO es la apuesta más grande y riesgosa que ha hecho el país en décadas. Puede que en unos años estemos celebrando la baja en los índices de criminalidad, o puede que estemos lamentando un gasto monumental que no sirvió para nada y que, para colmo, generó otros problemas. El tema da para largo y tiene más aristas que un erizo. Por eso, maes, ahora les toca a ustedes: ¿Nos estamos comprando una solución de verdad o el elefante blanco más problemático de la década? ¿Ustedes qué dicen, es la jugada que nos salva o nos vamos a jalar una torta monumental?
