Maes, se acabó la pulseada. Después de un tira y encoge que tenía a todo el mundo pendiente, la Asamblea Legislativa le acaba de dar un gane contundente a los cuerpos policiales del país. Con un marcador de 43 a 0, los diputados decidieron resellar el veto que el presidente Rodrigo Chaves le había metido al proyecto de ley que permite los allanamientos a cualquier hora del día o de la noche. Así como lo leen: se acabaron los horarios de oficina para caerle a la criminalidad.
Para ponerlos en contexto, esta vara no es cualquier cosa. Hasta ahora, el OIJ y las demás policías tenían las manos medio amarradas. Si querían entrar a una propiedad antes de las 6 a. m. o en fines de semana, tenían que hacer una maroma legal y justificarlo hasta con el acta de nacimiento. Randall Zúñiga, el director del OIJ, lo dijo clarito: esto era una limitación operativa gigante. Imagínense el despiche: los maes del narco o del crimen organizado sabiendo que después de cierta hora podían relajarse porque la ley les daba una especie de “tiempo fuera”. Diay, así el brete se pone cuesta arriba. Con esta reforma al Código Procesal Penal, esa fiesta se les acabó.
¡Qué carga de herramienta les acaban de dar a los cuerpos policiales! Ahora, con una orden de un juez de por medio, eso sí, podrán operar 24/7. El mismo Zúñiga, que de fijo está que no se cambia por nadie, salió a tirarle flores a la Asamblea. Dijo que este es un paso clave para no dejarles a los criminales ni un solo rincón donde se sientan seguros. Es una movida estratégica que, en teoría, debería darle más efectividad a las investigaciones y permitir operativos sorpresa que antes eran un dolor de cabeza logístico. La idea es que la ley se ponga al día con la realidad de un país donde la criminalidad, lamentablemente, no tiene horario.
Claro, no todo es tan sencillo. El presidente Chaves había frenado este chunche argumentando que podría ser inconstitucional. Y aunque los diputados ya le dieron el sí definitivo, el proyecto todavía tiene que pasar un último filtro: la revisión de la Sala Constitucional. Los magistrados de la Sala IV serán los que tengan la última palabra y deberán asegurarse de que esta nueva ley no se vaya a traer abajo derechos fundamentales de la gente. Es el chequeo final para garantizar que, en el afán de perseguir a los malos, no se terminen atropellando las garantías del debido proceso para todos los ciudadanos. Zúñiga insiste en que todo se hará con la bendición de un juez, como tiene que ser.
Con este resello, Costa Rica da un paso más para modernizar su arsenal legal contra la delincuencia, un tema que nos quita el sueño a todos. La decisión legislativa fue clara y sin un solo voto en contra, lo que demuestra la presión que hay por buscar soluciones. Pero ahora la pelota queda en la cancha de la Sala IV y, eventualmente, en la ejecución que hagan las policías. La gran pregunta que queda en el aire para todos nosotros en el foro es: ¿estamos ante la herramienta definitiva que necesitábamos para arrinconar al crimen, o se está abriendo un portillo peligroso que podría llevar a abusos si no se maneja con pinzas? ¿Dónde creen ustedes que está el balance correcto? ¡Los leo!
Para ponerlos en contexto, esta vara no es cualquier cosa. Hasta ahora, el OIJ y las demás policías tenían las manos medio amarradas. Si querían entrar a una propiedad antes de las 6 a. m. o en fines de semana, tenían que hacer una maroma legal y justificarlo hasta con el acta de nacimiento. Randall Zúñiga, el director del OIJ, lo dijo clarito: esto era una limitación operativa gigante. Imagínense el despiche: los maes del narco o del crimen organizado sabiendo que después de cierta hora podían relajarse porque la ley les daba una especie de “tiempo fuera”. Diay, así el brete se pone cuesta arriba. Con esta reforma al Código Procesal Penal, esa fiesta se les acabó.
¡Qué carga de herramienta les acaban de dar a los cuerpos policiales! Ahora, con una orden de un juez de por medio, eso sí, podrán operar 24/7. El mismo Zúñiga, que de fijo está que no se cambia por nadie, salió a tirarle flores a la Asamblea. Dijo que este es un paso clave para no dejarles a los criminales ni un solo rincón donde se sientan seguros. Es una movida estratégica que, en teoría, debería darle más efectividad a las investigaciones y permitir operativos sorpresa que antes eran un dolor de cabeza logístico. La idea es que la ley se ponga al día con la realidad de un país donde la criminalidad, lamentablemente, no tiene horario.
Claro, no todo es tan sencillo. El presidente Chaves había frenado este chunche argumentando que podría ser inconstitucional. Y aunque los diputados ya le dieron el sí definitivo, el proyecto todavía tiene que pasar un último filtro: la revisión de la Sala Constitucional. Los magistrados de la Sala IV serán los que tengan la última palabra y deberán asegurarse de que esta nueva ley no se vaya a traer abajo derechos fundamentales de la gente. Es el chequeo final para garantizar que, en el afán de perseguir a los malos, no se terminen atropellando las garantías del debido proceso para todos los ciudadanos. Zúñiga insiste en que todo se hará con la bendición de un juez, como tiene que ser.
Con este resello, Costa Rica da un paso más para modernizar su arsenal legal contra la delincuencia, un tema que nos quita el sueño a todos. La decisión legislativa fue clara y sin un solo voto en contra, lo que demuestra la presión que hay por buscar soluciones. Pero ahora la pelota queda en la cancha de la Sala IV y, eventualmente, en la ejecución que hagan las policías. La gran pregunta que queda en el aire para todos nosotros en el foro es: ¿estamos ante la herramienta definitiva que necesitábamos para arrinconar al crimen, o se está abriendo un portillo peligroso que podría llevar a abusos si no se maneja con pinzas? ¿Dónde creen ustedes que está el balance correcto? ¡Los leo!
