A veces uno lee una noticia y no sabe si indignarse, si reírse por no llorar, o si simplemente tirar la toalla. Hoy es uno de esos días. Resulta que la Contraloría General de la República (la Contra, para los compas) le sacó los colores al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y, para serles sincero, la vara está fea. No es una manchita, es un manchón; no es un errorcillo, es que se jalaron una torta monumental con la plata y las instalaciones que deberían proteger a la niñez más vulnerable del país. Y cuando digo monumental, me refiero a un despilfarro de miles de millones de colones.
Vamos al grano de este arroz con mango. En 2019, el PANI armó un fideicomiso con el Banco Nacional por ¢15 mil millones. ¡Quince mil millones! La idea era construir 38 obras nuevas en cinco años. ¿Saben cuántas se construyeron? Cero. Ni una. Un cero redondo y absoluto. El plan, que se veía muy bonito en papel, se fue completamente al traste. Después de cinco años de no poner un solo block, cerraron el fideicomiso con un "acuerdo amistoso" en 2024. Lo más increíble es que de la plata que sí se gastó (unos ¢561 millones), más del 60% se fue en pagarle al banco y en gastos administrativos. O sea, la plata se movió para pagar papeles, pero no para levantar paredes.
Pero el despiche no para ahí. Diay, como si no fuera suficiente, la auditoría reveló que el programa de mantenimiento que tienen, llamado MIPANI, es un chiste de mal gusto. Opera de forma "reactiva". ¿Qué significa eso en español? Que solo arreglan las cosas cuando ya no queda de otra: cuando les cae una orden sanitaria del Ministerio de Salud porque el lugar es un riesgo, o cuando un juez los obliga por un recurso de amparo. Cero planificación, cero prevención. El resultado es que las oficinas y los albergues se están cayendo a pedazos, con un deterioro que la misma Contraloría califica de "progresivo". Muchos de estos lugares son "inadecuados" para atender a cualquier ser humano, mucho menos a niños en situaciones de riesgo.
Y aquí viene la parte que le vuela la cabeza a cualquiera: como no construyen nada propio, ¿qué hace el PANI? Alquilar. Y alquilar carísimo. Actualmente, más de la mitad de sus inmuebles son alquilados, y el gasto se disparó un 58% desde 2020, llegando a más de ¢3.400 millones entre 2023 y 2024. Lo peor de todo es que muchos de esos chunches que alquilan a precio de oro están catalogados como "críticos o inservibles". ¡Insisten en alquilar ruinas! Hablamos de lugares con problemas eléctricos, filtraciones, hacinamiento... Imagínense el brete del personal en esas condiciones, y peor aún, la "atención" que recibe un menor de edad en un lugar así. Es una contradicción andante.
Cuando le preguntaron a la presidenta ejecutiva, Kennly Garza, su respuesta fue el clásico casete político: que van a atender el informe con respeto, que coincide con sus objetivos y que están trabajando en eso. Palabras muy bonitas que chocan de frente con una realidad de abandono que lleva años documentándose. La Contraloría lo advierte clarito: esta falta de infraestructura decente no solo limita la capacidad de ayudar, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de protección a la niñez. Maes, es un tema que nos debería doler a todos. Más allá de la indignación, ¿qué se puede hacer? ¿Es un problema de pura incompetencia, de gestión, o simple y sencillamente desinterés? ¿Ustedes qué creen?
Vamos al grano de este arroz con mango. En 2019, el PANI armó un fideicomiso con el Banco Nacional por ¢15 mil millones. ¡Quince mil millones! La idea era construir 38 obras nuevas en cinco años. ¿Saben cuántas se construyeron? Cero. Ni una. Un cero redondo y absoluto. El plan, que se veía muy bonito en papel, se fue completamente al traste. Después de cinco años de no poner un solo block, cerraron el fideicomiso con un "acuerdo amistoso" en 2024. Lo más increíble es que de la plata que sí se gastó (unos ¢561 millones), más del 60% se fue en pagarle al banco y en gastos administrativos. O sea, la plata se movió para pagar papeles, pero no para levantar paredes.
Pero el despiche no para ahí. Diay, como si no fuera suficiente, la auditoría reveló que el programa de mantenimiento que tienen, llamado MIPANI, es un chiste de mal gusto. Opera de forma "reactiva". ¿Qué significa eso en español? Que solo arreglan las cosas cuando ya no queda de otra: cuando les cae una orden sanitaria del Ministerio de Salud porque el lugar es un riesgo, o cuando un juez los obliga por un recurso de amparo. Cero planificación, cero prevención. El resultado es que las oficinas y los albergues se están cayendo a pedazos, con un deterioro que la misma Contraloría califica de "progresivo". Muchos de estos lugares son "inadecuados" para atender a cualquier ser humano, mucho menos a niños en situaciones de riesgo.
Y aquí viene la parte que le vuela la cabeza a cualquiera: como no construyen nada propio, ¿qué hace el PANI? Alquilar. Y alquilar carísimo. Actualmente, más de la mitad de sus inmuebles son alquilados, y el gasto se disparó un 58% desde 2020, llegando a más de ¢3.400 millones entre 2023 y 2024. Lo peor de todo es que muchos de esos chunches que alquilan a precio de oro están catalogados como "críticos o inservibles". ¡Insisten en alquilar ruinas! Hablamos de lugares con problemas eléctricos, filtraciones, hacinamiento... Imagínense el brete del personal en esas condiciones, y peor aún, la "atención" que recibe un menor de edad en un lugar así. Es una contradicción andante.
Cuando le preguntaron a la presidenta ejecutiva, Kennly Garza, su respuesta fue el clásico casete político: que van a atender el informe con respeto, que coincide con sus objetivos y que están trabajando en eso. Palabras muy bonitas que chocan de frente con una realidad de abandono que lleva años documentándose. La Contraloría lo advierte clarito: esta falta de infraestructura decente no solo limita la capacidad de ayudar, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de protección a la niñez. Maes, es un tema que nos debería doler a todos. Más allá de la indignación, ¿qué se puede hacer? ¿Es un problema de pura incompetencia, de gestión, o simple y sencillamente desinterés? ¿Ustedes qué creen?
