Maes, a veces uno lee unas varas en las noticias que de verdad lo dejan a uno pensando en el nivel de astucia (para mal) que tiene alguna gente. Estamos acostumbrados a quejarnos del ICE por las filas o porque el recibo llegó caro, pero esto que pasó en Pérez Zeledón ya es otro nivel de despiche. La noticia de que un funcionario, un mae que tenía acceso a todo el sistema, se dedicara supuestamente a falsificar contratos para sacar celulares es, sinceramente, una torta monumental. No es solo el robo, es el descaro de usar el puesto de confianza para perjudicar a gente inocente.
Y seguro muchos leyeron el titular y se quedaron con la misma cara que yo: ¿qué carajos es “falsedad ideológica”? Suena a algo sacado de una película de abogados, pero en realidad es más sencillo y más grave de lo que parece. Poniéndolo en arroz y frijoles, es básicamente mentir con un papel oficial. Es como si usted le metiera un gol al sistema usando un documento que se supone es legítimo. El documento en sí (el contrato, la escritura, lo que sea) es real, pero la información que tiene adentro es más falsa que un billete de tres mil. En este caso, el mae del ICE supuestamente creaba contratos de telefonía con nombres de personas reales, gente que ni por cerca sabía que estaba adquiriendo una deuda. ¡Qué sal! Imagínese estar tranquilo en su casa y que le llegue un cobro por un chunche que usted nunca vio.
El modus operandi, según lo que reporta el OIJ, era casi de manual. El sospechoso, un hombre de apellido Parra, usaba su acceso en el brete para generar estos contratos fantasma. Sacaba los celulares a nombre de sus víctimas y luego, se presume, se los pasaba a un tercero para que los vendiera. El negocio redondo para ellos y una pesadilla para las personas que, de un pronto a otro, aparecían con una mancha crediticia o recibiendo llamadas de cobro. La vara se destapó porque varias personas, con toda la razón del mundo, pegaron el grito al cielo y denunciaron que les estaban cobrando un servicio que jamás pidieron. Gracias a esas denuncias, el OIJ empezó a atar cabos y se dio cuenta de que no era un error, sino una operación bien montada desde adentro.
Lo que más impacta es la pena que podría enfrentar este funcionario. El Código Penal es clarísimo: la falsedad ideológica se castiga con cárcel de uno a seis años. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo: si el que se jala la torta es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la cosa se pone más fea. La pena sube de dos a ocho años. Y tiene toda la lógica del mundo. No es lo mismo un civil que intenta hacer una trampa, que un empleado del Estado que usa el poder y la confianza que se le dio para delinquir. Es una traición doble: al público y a la institución que le paga el salario. Este tipo de casos son los que minan la confianza de la gente en el sistema.
Al final, esta historia en Pérez Zeledón nos deja un sabor amargo. Más allá de los celulares y los contratos falsos, nos obliga a cuestionarnos sobre los controles internos que tienen las instituciones públicas. Si un solo empleado pudo, presuntamente, montar este esquema durante meses sin que nadie se diera cuenta, ¿qué otras fugas o problemas pueden existir? Ahora les pregunto a ustedes, maes: ¿Creen que esto es un caso aislado, una manzana podrida, o es un síntoma de un problema más grande de supervisión en nuestras instituciones? ¿Qué tan fácil creen que es para un funcionario pasarse de vivo y que el sistema tarde tanto en detectarlo?
Y seguro muchos leyeron el titular y se quedaron con la misma cara que yo: ¿qué carajos es “falsedad ideológica”? Suena a algo sacado de una película de abogados, pero en realidad es más sencillo y más grave de lo que parece. Poniéndolo en arroz y frijoles, es básicamente mentir con un papel oficial. Es como si usted le metiera un gol al sistema usando un documento que se supone es legítimo. El documento en sí (el contrato, la escritura, lo que sea) es real, pero la información que tiene adentro es más falsa que un billete de tres mil. En este caso, el mae del ICE supuestamente creaba contratos de telefonía con nombres de personas reales, gente que ni por cerca sabía que estaba adquiriendo una deuda. ¡Qué sal! Imagínese estar tranquilo en su casa y que le llegue un cobro por un chunche que usted nunca vio.
El modus operandi, según lo que reporta el OIJ, era casi de manual. El sospechoso, un hombre de apellido Parra, usaba su acceso en el brete para generar estos contratos fantasma. Sacaba los celulares a nombre de sus víctimas y luego, se presume, se los pasaba a un tercero para que los vendiera. El negocio redondo para ellos y una pesadilla para las personas que, de un pronto a otro, aparecían con una mancha crediticia o recibiendo llamadas de cobro. La vara se destapó porque varias personas, con toda la razón del mundo, pegaron el grito al cielo y denunciaron que les estaban cobrando un servicio que jamás pidieron. Gracias a esas denuncias, el OIJ empezó a atar cabos y se dio cuenta de que no era un error, sino una operación bien montada desde adentro.
Lo que más impacta es la pena que podría enfrentar este funcionario. El Código Penal es clarísimo: la falsedad ideológica se castiga con cárcel de uno a seis años. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo: si el que se jala la torta es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la cosa se pone más fea. La pena sube de dos a ocho años. Y tiene toda la lógica del mundo. No es lo mismo un civil que intenta hacer una trampa, que un empleado del Estado que usa el poder y la confianza que se le dio para delinquir. Es una traición doble: al público y a la institución que le paga el salario. Este tipo de casos son los que minan la confianza de la gente en el sistema.
Al final, esta historia en Pérez Zeledón nos deja un sabor amargo. Más allá de los celulares y los contratos falsos, nos obliga a cuestionarnos sobre los controles internos que tienen las instituciones públicas. Si un solo empleado pudo, presuntamente, montar este esquema durante meses sin que nadie se diera cuenta, ¿qué otras fugas o problemas pueden existir? Ahora les pregunto a ustedes, maes: ¿Creen que esto es un caso aislado, una manzana podrida, o es un síntoma de un problema más grande de supervisión en nuestras instituciones? ¿Qué tan fácil creen que es para un funcionario pasarse de vivo y que el sistema tarde tanto en detectarlo?
