Mae, ¿vieron el despiche que se está armando con la basura en el GAM? Porque si no lo han visto, pónganle atención. La vara está que arde y parece una de esas bombas de tiempo de película, donde todos los cables son del mismo color y nadie sabe cuál cortar. Catorce alcaldes de la Gran Área Metropolitana están pegando el grito al cielo, pidiéndole cacao a Rodrigo Chaves para que intervenga, porque si no, en cuestión de nada, podríamos estar hasta el cuello de desechos. Y no es una exageración, el panorama pinta feo de verdad.
El meollo del asunto es un decreto del Ministerio de Salud, liderado por Mary Munive, que les puso un candado al transporte de basura: no se puede mover más de 80 kilómetros. En el papel, suena a una medida para ordenar la casa, pero en la práctica, dejó a un montón de cantones sin un lugar legal donde tirar sus residuos. Los rellenos sanitarios actuales ya no dan para más, están a reventar. Ante esto, los alcaldes, con Diego Miranda de San José a la cabeza, le mandaron una carta a Chaves diciéndole, en resumen: "Presi, ayúdenos a buscar una salida, dénos un chance con plazos razonables mientras encontramos una solución de verdad". Según Miranda, Chaves está dispuesto a conversar, pero el tiempo corre y la basura se sigue acumulando.
Ahora, antes de apuntar todos los dedos a la ministra Munive, hay que entender que esta torta no se cocinó de la noche a la mañana. Según el propio Ministerio de Salud, esto es el resultado de veinte años de pura inacción municipal. Desde que cerraron el infame relleno de Río Azul, se sabía que el sistema iba a colapsar. La idea era que cada municipalidad hiciera su brete y desarrollara planes de gestión de residuos, como lo manda la ley desde 2010. Pero, seamos honestos, la mayoría se hicieron los locos. Se acostumbraron a mandar todo para el relleno de El Huazo, que pasó de recibir la basura de 5 cantones a la de 35. ¡Pasó de 675 a 2,600 toneladas diarias! O sea, las municipalidades se jalaron una torta monumental por dos décadas y ahora que la factura llegó, la cosa se puso color de hormiga.
Y para echarle más leña al fuego, a este despiche local se le suma un problemón internacional. Resulta que los dueños canadienses de la empresa EBI, que maneja varios rellenos, acaban de demandar a Costa Rica por $125 millones en un arbitraje internacional. Alegan que el Estado les ha puesto un montón de trabas y que su inversión está en riesgo. Este no es cualquier chunche, es una demanda millonaria que nos deja muy mal parados. Además, la empresa advirtió que el Parque de Tecnología Ambiental de La Uruka, otro de los grandes, tiene los días contados y cierra a finales de este año. Así que súmenle eso a la ecuación. Estamos, como dirían en buen tico, bien salados.
Al final, todo este enredo parece que va a irse al traste, y los que vamos a pagar los platos rotos somos los ciudadanos. Mientras los políticos se tiran la papa caliente, el riesgo de una crisis sanitaria y ambiental es cada vez más real. La pregunta es quién va a ceder. ¿Flexibilizará Salud el decreto para apagar el incendio, aunque eso signifique premiar la inacción de años? ¿O se mantendrán firmes y obligarán a los alcaldes a encontrar una solución a la carrera, con el riesgo de que todo explote? Diay, maes, ¿quién creen que tiene la razón aquí? ¿Son los alcaldes que piden tiempo o es Salud que les dice que ya se les acabó? Y lo más importante, ¿nos preparamos para ver las aceras llenas de basura?
El meollo del asunto es un decreto del Ministerio de Salud, liderado por Mary Munive, que les puso un candado al transporte de basura: no se puede mover más de 80 kilómetros. En el papel, suena a una medida para ordenar la casa, pero en la práctica, dejó a un montón de cantones sin un lugar legal donde tirar sus residuos. Los rellenos sanitarios actuales ya no dan para más, están a reventar. Ante esto, los alcaldes, con Diego Miranda de San José a la cabeza, le mandaron una carta a Chaves diciéndole, en resumen: "Presi, ayúdenos a buscar una salida, dénos un chance con plazos razonables mientras encontramos una solución de verdad". Según Miranda, Chaves está dispuesto a conversar, pero el tiempo corre y la basura se sigue acumulando.
Ahora, antes de apuntar todos los dedos a la ministra Munive, hay que entender que esta torta no se cocinó de la noche a la mañana. Según el propio Ministerio de Salud, esto es el resultado de veinte años de pura inacción municipal. Desde que cerraron el infame relleno de Río Azul, se sabía que el sistema iba a colapsar. La idea era que cada municipalidad hiciera su brete y desarrollara planes de gestión de residuos, como lo manda la ley desde 2010. Pero, seamos honestos, la mayoría se hicieron los locos. Se acostumbraron a mandar todo para el relleno de El Huazo, que pasó de recibir la basura de 5 cantones a la de 35. ¡Pasó de 675 a 2,600 toneladas diarias! O sea, las municipalidades se jalaron una torta monumental por dos décadas y ahora que la factura llegó, la cosa se puso color de hormiga.
Y para echarle más leña al fuego, a este despiche local se le suma un problemón internacional. Resulta que los dueños canadienses de la empresa EBI, que maneja varios rellenos, acaban de demandar a Costa Rica por $125 millones en un arbitraje internacional. Alegan que el Estado les ha puesto un montón de trabas y que su inversión está en riesgo. Este no es cualquier chunche, es una demanda millonaria que nos deja muy mal parados. Además, la empresa advirtió que el Parque de Tecnología Ambiental de La Uruka, otro de los grandes, tiene los días contados y cierra a finales de este año. Así que súmenle eso a la ecuación. Estamos, como dirían en buen tico, bien salados.
Al final, todo este enredo parece que va a irse al traste, y los que vamos a pagar los platos rotos somos los ciudadanos. Mientras los políticos se tiran la papa caliente, el riesgo de una crisis sanitaria y ambiental es cada vez más real. La pregunta es quién va a ceder. ¿Flexibilizará Salud el decreto para apagar el incendio, aunque eso signifique premiar la inacción de años? ¿O se mantendrán firmes y obligarán a los alcaldes a encontrar una solución a la carrera, con el riesgo de que todo explote? Diay, maes, ¿quién creen que tiene la razón aquí? ¿Son los alcaldes que piden tiempo o es Salud que les dice que ya se les acabó? Y lo más importante, ¿nos preparamos para ver las aceras llenas de basura?
