Maes, agarren silla porque esta vara está para alquilar balcón. Justo cuando uno cree que ya lo vio todo en nuestra querida finca, sale una noticia que nos deja con el ojo cuadrado. Resulta que un juez, en un aparente arranque de garantismo electoral, acaba de ordenar que los privados de libertad en los pabellones de alta contención de La Reforma puedan tener televisores y radios. Sí, leyeron bien. En el mismo lugar donde están algunos de los personajes más pintorescos del país. La idea, según el Poder Judicial, es que se informen de cara a las elecciones. Pero diay, como era de esperarse, a Zapote la idea le cayó como una patada en el hígado y el despiche no se hizo esperar.
El presidente Chaves, que no se caracteriza por andarse con rodeos, pegó el grito en el cielo casi de inmediato. Junto con el ministro de Justicia, Gerald Campos, salieron a decir lo que para muchos es el puro sentido común: esos chunches no duran ni un round enteros en manos de los reos. Según ellos, los privados de libertad son unos MacGyver del mal y en dos toques desarman un televisor para sacar piezas y hacerse puñales. ¡Qué torta! No solo eso, sino que también les preocupa que, con acceso a noticias, se enteren de quién cantó, quién los traicionó o dónde está el compa de la banda rival, y desde adentro empiecen a ordenar ajusticiamientos por puras rencillas. Básicamente, les estaríamos dando las herramientas y la inteligencia para su "brete".
Ahora, del otro lado de la acera, el Poder Judicial sacó su propio comunicado para defender la medida. No es un capricho, dicen ellos. La vara se ampara en el artículo 482 del Código Procesal Penal y la justificación es casi poética: garantizar que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al voto de manera informada. O sea, la idea es que vean los debates presidenciales y decidan si prefieren a un candidato o a otro. El juez Jorge Arturo Montero, a cargo de la decisión, básicamente está diciendo que el derecho a la información es sagrado, incluso para alguien que está en una jaula de máxima seguridad. Es un pulso de principios: el garantismo judicial contra el pragmatismo de la seguridad del Ejecutivo.
Y aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Este despiche no está pasando en Suiza. Estamos en una Costa Rica que va camino a romper su propio y triste récord de homicidios por tercer año consecutivo. Ya vamos por 583 víctimas este año, con la cuenta subiendo, y la mayoría son por esa guerra narco que no da tregua. Entonces, cuando el Gobierno dice que le preocupa que los reos usen un tele para ordenar un asesinato, no es una hablada paja. Es una posibilidad real en un país donde las órdenes para balaceras salen, muchas veces, desde adentro de las mismas cárceles. La pregunta del millón es si el derecho a que un reo vea "Noticias Repretel" pesa más que el riesgo de que ese mismo reo lo use para planear el próximo homicidio en Limón.
Al final, quedamos en medio de un corto circuito institucional de libro. Por un lado, un Poder Judicial que defiende a capa y espada los derechos fundamentales, incluso de quienes han violado los de otros. Por otro, un Ejecutivo que lidia con un baño de sangre en las calles y ve esta medida como echarle gasolina al fuego. Es el eterno dilema tico: la ley y el espíritu de la ley contra la cruda y violenta realidad que nos revienta en la cara todos los días. ¿Se jaló una torta el juez con esta resolución o se está exagerando desde el Gobierno? ¿Ustedes qué dicen, maes? ¿Es un derecho indispensable o una alcahuetería peligrosa? Abro debate.
El presidente Chaves, que no se caracteriza por andarse con rodeos, pegó el grito en el cielo casi de inmediato. Junto con el ministro de Justicia, Gerald Campos, salieron a decir lo que para muchos es el puro sentido común: esos chunches no duran ni un round enteros en manos de los reos. Según ellos, los privados de libertad son unos MacGyver del mal y en dos toques desarman un televisor para sacar piezas y hacerse puñales. ¡Qué torta! No solo eso, sino que también les preocupa que, con acceso a noticias, se enteren de quién cantó, quién los traicionó o dónde está el compa de la banda rival, y desde adentro empiecen a ordenar ajusticiamientos por puras rencillas. Básicamente, les estaríamos dando las herramientas y la inteligencia para su "brete".
Ahora, del otro lado de la acera, el Poder Judicial sacó su propio comunicado para defender la medida. No es un capricho, dicen ellos. La vara se ampara en el artículo 482 del Código Procesal Penal y la justificación es casi poética: garantizar que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al voto de manera informada. O sea, la idea es que vean los debates presidenciales y decidan si prefieren a un candidato o a otro. El juez Jorge Arturo Montero, a cargo de la decisión, básicamente está diciendo que el derecho a la información es sagrado, incluso para alguien que está en una jaula de máxima seguridad. Es un pulso de principios: el garantismo judicial contra el pragmatismo de la seguridad del Ejecutivo.
Y aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Este despiche no está pasando en Suiza. Estamos en una Costa Rica que va camino a romper su propio y triste récord de homicidios por tercer año consecutivo. Ya vamos por 583 víctimas este año, con la cuenta subiendo, y la mayoría son por esa guerra narco que no da tregua. Entonces, cuando el Gobierno dice que le preocupa que los reos usen un tele para ordenar un asesinato, no es una hablada paja. Es una posibilidad real en un país donde las órdenes para balaceras salen, muchas veces, desde adentro de las mismas cárceles. La pregunta del millón es si el derecho a que un reo vea "Noticias Repretel" pesa más que el riesgo de que ese mismo reo lo use para planear el próximo homicidio en Limón.
Al final, quedamos en medio de un corto circuito institucional de libro. Por un lado, un Poder Judicial que defiende a capa y espada los derechos fundamentales, incluso de quienes han violado los de otros. Por otro, un Ejecutivo que lidia con un baño de sangre en las calles y ve esta medida como echarle gasolina al fuego. Es el eterno dilema tico: la ley y el espíritu de la ley contra la cruda y violenta realidad que nos revienta en la cara todos los días. ¿Se jaló una torta el juez con esta resolución o se está exagerando desde el Gobierno? ¿Ustedes qué dicen, maes? ¿Es un derecho indispensable o una alcahuetería peligrosa? Abro debate.
